Roberto Aguilar | Un papanatas y un abogánster

Ha renunciado José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, el más alto magistrado del más alto tribunal de la República.

Irreductible al honor, cobarde hasta el último minuto, se va sin admitir que su salida se debe a su obsecuencia ante el poder: en dos ocasiones nominó a Mario Godoy para presidir el Consejo de la Judicatura porque así se lo mandaron desde Carondelet y él carece de la dignidad y del coraje para negarse y actuar por cuenta propia. Luego se descubrió que la Judicatura de Godoy (¿cabía esperar algo distinto?) ejercía presión sobre jueces y otros servidores judiciales para obligarlos a fallar o tomar decisiones administrativas a favor de narcotraficantes (uno en particular, que había contado en su equipo de abogados con la mismísima esposa de Godoy). Y él, Pepito Suing, continuó defendiendo ese nombramiento. Fue entonces que sus pares (el resto de integrantes de la Corte Nacional) le retiraron su confianza. Por móndrigo y rastrero.

Y aquí viene lo aberrante. El más alto juez del más alto tribunal de la República se ha visto obligado a renunciar a su cargo por haber nominado a Godoy. Pero Godoy, el pinche funcionario administrativo de cuarta que preside una judicatura al servicio de los narcos, continúa atornillado al suyo y se prepara… ¡para nombrar a dedo nuevos jueces! Nuevos pepitos suings transitorios y absolutamente dependientes.

Es el infierno de la justicia noboísta y en él nos encontramos los ecuatorianos en la más absoluta indefensión, con la Fiscalía funcionando como instrumento de presión política y los vociferantes y repugnantes medios, pseudomedios y trolls oficialistas, datos, datas y otras formas de basura, falsificando la realidad, cambiando la biografía de las personas honestas, tal y como hacían los hermanos Alvarado en el peor momento del correísmo, fabricando campañas sucias con presupuesto público.

El señor Godoy tiene derecho a su presunción de inocencia, respondía José Suing cuando le preguntaban si el presidente del Consejo de la Judicatura, envuelto en un escándalo de conflicto de intereses con el narcotráfico de por medio, debía renunciar a su cargo. Derecho a su presunción de inocencia, es decir, derecho a atornillarse en su despacho hasta que se le demuestre culpable de un delito. Esa inversión de los valores del Estado de Derecho es la mejor expresión del vaciamiento moral en el que ha caído la República. Porque según Suing, que es mucho peor de lo que parece con su bien producida imagen de pusilánime buenoide, el derecho del burócrata a ocupar un cargo público está por encima del derecho de los ciudadanos a confiar en que ese cargo está siendo ejercido para su servicio, como corresponde.

Esa retorcida estupidez se encuentra detrás de todo funcionario descalificado que se aferra al puesto, como justificación última de la podredumbre del sistema. Y representa, al fin de cuentas, la muerte de un concepto que solía ser esencial para la democracia: el concepto de probidad notoria. Eso ya no existe: los despreciables pepes suings de la República lo han sustituido por el “perfilamiento técnico”, como si las virtudes éticas pudieran reducirse a los pasos de un procedimiento administrativo por riguroso que fuera. Estamos, como ya se ha dicho, en las peores manos.