Roberto Aguilar | ¿Lecciones aprendidas? Ninguna
El Gobierno no acepta su derrota. Reconoce el resultado, que no es lo mismo
La respuesta del Gobierno ante su apabullante derrota del domingo (a falta de que el presidente se pronuncie, aunque lo ha hecho ya a través de sus acciones) quedó clara: no hay nada que enmendar.
Que el pueblo votó con miedo al cambio (o sea: votó mal) dijo Carolina Jaramillo, tan superior al pueblo en todos los aspectos, en la que sería su última declaración como vocera de Carondelet. Cabe suponer que fue una postura oficial.
“Lo único que nos han dicho los ecuatorianos”, despachó, de su parte, tres veces en diez minutos de televisión nacional el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, es que “quieren que sigamos trabajando con las mismas herramientas que tenemos en este momento”. Las mismas herramientas quiere decir: la Constitución de Montecristi. Los correístas la blandieron triunfalmente en el vestíbulo de la Asamblea, como si la votación por el No fuera un pronunciamiento en su defensa, y Niels Olsen bien podría hacer lo mismo: en su lista de prioridades legislativas incluyó, citando de memoria, los tópicos de todo charlatán: salud, educación, empleo… Nada dijo de reformas constitucionales. Porque esa “herramienta” (la Constitución de Montecristi) la piensan conservar, ahora con el pretexto del mandato popular.
Lo mismo imagina Álvaro Rosero, el nuevo ministro ‘amateur’ de la política. El lunes de esta semana, en lo que sería el último editorial de su programa ‘El show de la papaya’, en la alineada Radio Democracia, aseguró que la victoria por el No era el triunfo de los correístas. Su nombramiento, así como el hecho de que Daniel Noboa lo confirmara justo antes de partir hacia Estados Unidos con agenda incierta y secreta, pese a tratarse de una visita oficial, parece confirmar lo que dijo Niel Olsen: que el Gobierno se queda con la herramienta constitucional que tiene.
Es claro: cualquier intento de reforma exigiría una intensa negociación con las fuerzas minoritarias de la Asamblea Nacional a fin de asegurar la mayoría de dos tercios que se necesita para emprenderla. Pero ni Álvaro Rosero está calificado para esa tarea ni Daniel Noboa parece interesado, de lo contrario se habría quedado en el país en lugar de irse a Estados Unidos quién sabe para qué.
Todos estos mensajes sugieren lo peor. Para empezar, el Gobierno no acepta su derrota. Reconoce el resultado, que no es lo mismo, porque no le queda más remedio. Y, con el pretexto de ese resultado, pretende conservar la Constitución de Montecristi, que es la herramienta más apropiada para hacer precisamente aquello que el pueblo le negó masivamente en las urnas: acrecentar su poder.
Ya había admitido el Gobierno que la motivación de la Constituyente era la reforma penal. No hay motivo para esperar que, una vez negada esa vía, el Gobierno tenga el menor interés por emprender la reforma política, que es la que el país viene reclamando desde hace ocho años. Esto quiere decir, entre otras cosas, que tendremos CPCCS para rato; que el Consejo de la Judicatura, con la pandilla que lo dirige, se eternizará en sus funciones; que la Fiscalía seguirá controlada por el Ejecutivo; y que, a través de todos esos poderes (y de la obediente Corte Nacional) Carondelet avanzará en su objetivo de meterle la mano a todo el aparato de justicia.
Es lo que pensaba consagrar en la constituyente y parece decidido a hacer con el pretexto de que la constituyente fue negada. ¿Lecciones aprendidas? Ninguna.
