Roberto Aguilar | Más chapucero, imposible
La mayoría de los chicos delincuentes son recuperables. ¿No vale la pena hacer el esfuerzo?
Dice el asambleísta de gobierno Andrés Castillo que los proyectos de ley solo deben cumplir los requisitos que manda la Constitución (la unidad de materia, por ejemplo) a la hora de calificarlos. Una vez calificados, desvaría él, el legislador puede hacer con ellos lo que le venga en gana: añadir temas que nada tengan que ver con su contenido original y, por lo visto, hasta incluir artículos que violen la Constitución, que es precisamente lo que hizo él en la Ley de Integridad Pública con su propuesta de juzgar a los menores de edad como si fueran adultos. Estamos ante la que probablemente sea la chapucería legislativa más desvergonzada de nuestra historia. Pero lo peor no es que existan, en este nuevo Ecuador, legisladores lo suficientemente audaces como para plantear semejantes argumentos: lo peor es que el Pleno termina dándoles la razón. Todo parece indicar que así se irá la ley.
No deja de ser tranquilizador: llegado el momento, la Corte Constitucional no necesitará avanzar más allá de un mero análisis de forma para echarla abajo. Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia alevosamente introducidas en una ley económica urgente quedarán como lo que son: un delirante pero anecdótico ejercicio de populismo penal a cargo del legislador que, pese a sus modos de orador decimonónico, sus alharacas y sus aspavientos, no pasa de ser el asambleísta más chapucero del nuevo Ecuador. Lo cual es decir un mundo.
Sobre la necedad de juzgar a los adolescentes como adultos ya se han pronunciado algunos abogados penalistas: Pablo Encalada, en una serie de entrevistas; Ramiro García, en su cuenta de X; Felipe Rodríguez, en una columna de opinión… Todos coinciden en la mayoría de argumentos. En primer lugar, no se puede juzgar a los adolescentes como adultos porque es inconstitucional, porque la Asamblea está impedida de legislar en contra de tratados internacionales de los que el país es signatario y que expresamente determinan la obligación de someterlos a tribunales especiales. ¿Y por qué los adolescentes deben ser tratados bajo un régimen diferente al de los adultos? Porque el desarrollo de su personalidad es un proceso inconcluso y no pueden, por tanto, asumir todas las consecuencias de la responsabilidad penal, por graves que sean sus crímenes. Pero es esta misma característica, su personalidad inacabada, lo que hace de ellos el segmento de la población más dispuesto a la rehabilitación. Lo dicen las estadísticas: la mayoría de chicos delincuentes son recuperables. Nomás hace falta un pequeño esfuerzo de la sociedad y del Estado. ¿No vale la pena?
No, no la vale, según Andrés Castillo. “Lo que pretendemos hacer ahora en el Ecuador” dijo este lunes en la Asamblea, es tratarlos (a los chicos delincuentes) “como criminales”. Es decir: como malhechores hechos y derechos, carne de penitenciaría. Y sí, claro, en este país basta con que el gobierno eche a correr una insidiosa conjetura sobre la nunca demostrada condición de delincuentes de cuatro chicos de las Malvinas para que miles de personas apoyen su secuestro, tortura y asesinato. Por tanto, aunque la Corte Constitucional eche abajo el mamotreto, veremos a chapuceros como Andrés Castillo crecer como la espuma en el nuevo Ecuador.
