El viejo adagio “hecha la ley, hecha la trampa”, nos da una idea del campo fértil y extenso que nos presenta este estado sobrerregulado para poner el ingenio de los ecuatorianos al servicio de la viveza criolla. El escándalo de turno es el de los carnés para discapacitados que otorgan beneficios que no se corresponden con las necesidades de las personas discapacitadas sino con las necesidades de aquellos que buscan algún resquicio para evadir la ley y pagar menos impuestos y aranceles, entre otros. Pero, ¿son los carnés el problema o son apenas el síntoma de una enfermedad que nos corroe?

Es reprochable y miserable aprovecharse del acceso a beneficios ajenos, de la misma forma que lo es aprovecharse de la venta de mascarillas y pruebas para cobrar sobreprecios exagerados en perjuicio de gente que se muere todos los días. Como lo es repartirse el dinero mal habido para la construcción de un hospital que nunca se hizo y tanto se necesitó durante esta pandemia, así como en el terremoto del 2016. Como lo es la construcción de una carretera que lleva a ningún lado y con sobreprecio, como lo es gastar millones en aplanar terrenos para obras que nunca se hicieron. Una lista interminable de casos que ponen a prueba nuestra memoria, donde la constante es la miseria humana, la codicia por el dinero que lleva a perpetuar actos que trasgreden la ley y la moral.

El problema de los carnés, tanto como los anteriores descritos, nos lleva a develar problemas estructurales que subyacen. Nos llenamos de leyes, impuestos, aranceles, para que muchos paguen en exceso lo que otros roban. ¿Por qué en el Ecuador debemos pagar dos veces el costo de un vehículo? ¿Por qué esos aranceles e impuestos desproporcionados ora para un auto de lujo, ora para un auto de gama media, afectando así a todos los que trabajan y pagan sus impuestos? ¿Por qué acá debemos pagar casi el doble de lo que se paga en países vecinos? ¿Quién se lleva esa diferencia?

Nuevamente evidenciamos los resultados de la metida de mano del gobierno al bolsillo del pueblo. Todos pagamos las facturas del gobierno con nuestros impuestos, los cuales terminan en los bolsillos equivocados.