No me refiero a la cuarta pregunta de la consulta sobre el control a las afiliaciones de los partidos que, de ganar el Sí, no introducirá nada novedoso, puesto que ya se legisló en 2020. Tampoco me refiero a la falsa idea de que en los Estados Unidos hay solo dos partidos (también se decía eso de España, Alemania y el Reino Unido). Por la libertad de asociación no sería plausible decir que los ciudadanos solo puedan afiliarse o votar solo por los partidos A y B, además de que, con ello, sería muy fácil tener una democracia aparente y de partido único donde el otro partido es solo un adorno.

Ecuador pasó del monopolio partidista de 1979, en que solo los partidos podían presentar candidaturas y solo de entre sus afiliados, a la libre presentación de candidaturas de 1998, en que las personas se agrupaban en listas y el ciudadano podía votar por cualquiera de ellos, al medio camino de 2008: solo partidos y movimientos pueden presentar candidatos, los que pueden ser afiliados, pero también se pueden incluir auspiciados.

Quimérico es que los políticos en el poder de turno propongan requisitos rigurosos para la inscripción de un partido (no ese triste 1,5 % de firmantes que, luego, ni votan por él) y para su pervivencia (no ese 5 % en dos elecciones sucesivas, que se cumple a medias). Si el partido de gobierno no tiene ni para formar bloque en la Asamblea y en las elecciones seccionales sus candidatos no se atreven a usar la enseña de CREO, era obvio que el presidente de la República nos saliera con una pregunta tibia (otra). Encima, se promueve la proliferación de partidos cuando la campaña se paga con dinero del público y no por sus afiliados, como debería ocurrir.

Que a elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) solo puedan presentar candidatos los partidos nacionales y no esos movimientos regionales parecería una obviedad, pero no para los políticos que defienden su metro cuadrado. Pedir que se califique la propuesta ideológica de los partidos para su inscripción es una ingenuidad, con un Consejo Electoral que no puede ni armar un debate decente o controlar la propaganda irregular.