(In)Dependencia judicial

Mientras tanto, la justicia sirve a los políticos, pero para los ciudadanos no hay papel o tóner para imprimir sentencias, ni jabón o papel higiénico en los baños, y hasta excrementos en dependencias judiciales.
“Las decisiones judiciales deben respetarse”. Esa es la tradicional frase que, salida de la boca de un político, no es sino la expresión eufemística de “el fallo me gusta o me conviene”, porque, cuando no, el juez que lo ha proferido pasa a ser un desclasado y si, para su desgracia, esa decisión no gusta al poder que domina al Consejo de la Judicatura, que también debería ser independiente, ya sabemos la consecuencia: cesado con cualquier justificación, buena o mala; y, si es buena, solo la tomamos cuando nos conviene pues, mientras tanto, esa causa servirá de espada de Damocles.
Se llega al extremo de que el grupo que defendió la “metida de mano a la justicia” de su caudillo, tiene el tupé de criticar cualquier cosa que les parezca intromisión a la toma de decisiones judiciales. Y la ciudadanía no se queda atrás: critica hoy lo mismo que defendió ayer y viceversa. Se criticaba que los Consejos de la Judicatura presididos por Rodríguez y Jalkh eran la expresión del sometimiento de la justicia a Carondelet, pero no importa que los vocales Morillo y Barreno visiten a un juez provincial para decirle, de parte del presidente Lasso, que el fallo sobre la presidencia de la Asamblea debía ser favorable a Llori; ni importa que el jefe de Estado apoye que el encargado de la presidencia de la Judicatura, Murillo, siga en ese puesto, impidiéndose, a toda costa, la designación del presidente nato del órgano a través de la presidencia de la Corte Nacional.
Buscar juez para lograr fallos de garantías constitucionales, para Glas o Salcedo en Manglaralto, Santo Domingo o Paján, es tan criticable como que lo hagan, para conservar el encargo en la presidencia de la Judicatura en Babahoyo, al filo de la medianoche, o las vocalías del Consejo de Participación en La Concordia.
Mientras tanto, la justicia sirve a los políticos, pero para los ciudadanos no hay papel o tóner para imprimir sentencias, ni jabón o papel higiénico en los baños, y hasta excrementos en dependencias judiciales. Esto último no importa al Consejo de la Judicatura, sino estar al servicio del poder de turno.