Casi siglo y medio, y en Ecuador décadas más, pasaron para aceptar que las constituciones tienen, realmente, fuerza normativa, es decir, que no son meras declaraciones de principios, cuando no de buenos deseos, que requerían de la voluntad de los poderes públicos, comenzando por el legislador, para que tengan alguna eficacia.

Para que lo escrito en una constitución sea realmente cierto, y no menos que un papel mojado, se instauraron sistemas de justicia constitucional con el poder de anular decisiones que la contrarían o que se expiden sin cumplir sus condiciones, además de sancionar su incumplimiento (control de constitucionalidad), así como los mecanismos de protección de los derechos que ellas se reconocen (acciones de defensa de derechos).

Curiosamente, se ha ido extendiendo en varias partes del mundo la idea de que las convicciones sociales, políticas, económicas, (anti)religiosas, etcétera, de los jueces encargados de proteger esas constituciones, cuando no su propia moral, son más fuertes y están sobre esos textos fundamentales. Ninguna diferencia hay, entonces, entre los políticos que hacen eso mismo desde sus congresos, presidencias y ministerios que, al sobrepasar la constitución, incurren en la contradicción de negar la fuente de su propio poder. Aunque sí hay una: al menos los legisladores y los presidentes son elegidos por el mismo pueblo (dizque) soberano que (dizque) creó esas constituciones al (dizque) ejercer su poder constituyente, directamente en referéndum o indirectamente a través de (dizque) representantes en las asambleas constituyentes.

Así, por ejemplo, vemos como tribunales, cortes y salas constitucionales, recurrentemente, abren la posibilidad de reelecciones presidenciales prohibidas por las constituciones con una gran creatividad argumentativa, así como otros que la cierran, con otros interesantísimos señalamientos. Fallar contra norma constitucional expresa ya no resulta sorpresivo, aunque siempre será dañino: hoy son los unos, mañana serán los otros los que dejen de ejercer ‘justicia constitucional’ y pasen a ejecutar ‘política constitucional’, transformando a esas magistraturas en verdaderas ‘segundas cámaras parlamentarias’ o ‘asambleas no electas’, en las que la Constitución vale en lo que me gusta y no en lo que no me parece. Argumentos siempre habrá, total, el papel aguanta todo.