Rafael Oyarte | ¿Nada cambia?

Que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas es algo que en nuestra política es una de esas verdades innegables. Pero una cosa es que a nadie le guste perder y otra, muy distinta, que no se la asuma y se saque cosas buenas de ella. Cómo tomar un fracaso electoral: hay quienes no superan un fracaso, pero también hay los que no se curan de una victoria. Yo fui por el Sí en la consulta, sin ambages. No le corrijo el voto a nadie ni me siento superior a nadie, moral o intelectualmente, por mis preferencias (peor las políticas). En una elección o plebiscito siempre hay una opción ganadora y otra perdedora. Así nomás es la cosa.

Dos frases resumen lo que somos en esta materia: ‘disfruten lo votado’ y ‘triunfó la democracia’. La primera demuestra que, al no saber encajar un mal resultado, se desea que las cosas salgan mal y, así, imputarle las dificultades al elector, como que no somos todos los que nos perjudicamos o nos beneficiamos de la suerte del país: para esos individuos no hay nada mejor que no haya inversión extranjera, que campee la delincuencia, que los políticos hagan flecos las finanzas nacionales y un larguísimo etcétera, con tal de decirse a uno mismo “yo tenía la razón y el resto son unos torpes”. Sobre lo segundo, no solo que el número no es sinónimo de acierto, sino que el ciudadano puede votar por cualquiera de las alternativas que, democráticamente, se plantean. El elector no es responsable por los desaciertos de los gobernantes (que no son perfectos, ni nada parecido). El ‘triunfó la democracia’ no pasa de ser una frase hueca, como que si hubiese ganado la otra opción la democracia hubiese perdido.

El Gobierno debe asimilar la derrota y seguir adelante: el país no tiene defensa aérea, la naval es una lástima y no hay dominio territorial, por lo que bandas criminales avanzan como Perú en el Oriente en el siglo pasado. Eso no se corregía con una base extranjera y, si bien ayudaba, ahora tenemos que apañarnos solos. Que, con el Sí o con el No, debíamos seguir pagando campañas electorales, por lo que sigue la ley de embudo: la campaña se paga del erario público, pero, a la vez, hay ‘aportes’ privados de campaña. Y la Constitución seguirá siendo la misma con la que inició el Gobierno en 2023, con el añadido que, desde 2025, tiene mayoría parlamentaria. Una Carta Fundamental que, además de sus notables contradicciones y promesas, tiene notoria deriva autoritaria que, esperemos, no se aplique, aunque varios lo querrán.