Rafael Oyarte | ¿Montecristi 2.0?

Podría declararse de ‘plenos poderes’ y, de ese modo, indultar o amnistiar a sus delincuentes
Nada es predecible en Ecuador. La actitud de la Corte Constitucional (CC) anticipaba que la iniciativa presidencial de convocar a la ciudadanía para instalar la vigésima constituyente, con buenos, malos o, para variar, nuevos argumentos, acabaría en el mismo sitio que la docena de pretensiones fallidas anteriores. Esa idea se corroboraba por la acelerada actuación de la CC frente al decreto 148, por el que el presidente pretendía que el Consejo Electoral convoque a consulta sin dictamen constitucional, cuyas demandas fueron admitidas al filo de la medianoche, en pocas horas y con cautelares, algo que el común de los justiciables jamás podría pretender, porque eso de que todos somos iguales ante la ley es algo bien relativo, por no decir, soñador, por estos pagos. Tal vez pensando que era una gran idea, y que nunca antes se le había ocurrido a nadie, para esquivar el control constitucional el presidente dejó sin efecto el decreto 148 y emitió el 153, igualito al anterior. Esa avivada, más vieja que el hilo negro y señalada como inútil por el Tribunal Constitucional hace décadas, presagiaba la tormenta: una confrontación política teniendo como actor principal una magistratura que, sorprendentemente, recogía ese guante.
En el país de las sorpresas, la CC nos dio otra probada: en lugar de mantener la confrontación, frente al envío del decreto 153 por parte de un Consejo Electoral que no se la iba a jugar, se mostró abierta y decidió dictaminar la vía de constituyente sin pedido presidencial y sin escrito de fundamentación, además de las mil y una condiciones impuestas en una decena de dictámenes previos que, en este caso, no aplicaron.
Ahora viene el dictamen de contenido, en el que se analizará un estatuto de convocatoria, que parece asegurar la repetición de la payasada constitucional de Montecristi. Ninguna exigencia específica para ser constituyente, todos serán electos popularmente, por lo que no habrá asambleístas funcionales, es decir, electos por sectores (gremios, trabajadores, académicos, indígenas, etc.). No sé de dónde el presidente cree que va a tener los 2/3 del órgano, exigidos para aprobar el proyecto de constitución. Con el sistema propuesto, la RC debe estar sobándose las manos, pues si logran mayoría en la constituyente, nos guste o no, podría declararse de ‘plenos poderes’ y, de ese modo, indultar o amnistiar a sus delincuentes, como hicieron en 2007, por lo que no los veo haciendo campaña por el No.