Rafael Oyarte | Justicia o secuestro

Seguidores de Iza han retenido, otra vez, a funcionarios policiales. La vez pasada, con el voto de Daniel Noboa incluido, la Asamblea amnistió a los hechores, sin importar la prohibición constitucional de amnistiar por secuestro con fines políticos, lo que llevó a ese personaje a repetir la historia, alegando que esos funcionarios le estaban espiando, por lo que, finalmente, fueron condenados a la “expulsión” de esa parte del territorio (¿nacional?) por diez años.

La Constitución reconoce a la justicia indígena para que esos grupos, en su “ámbito territorial”, solucionen “sus conflictos internos”, pero la Corte Constitucional (CC) ha permitido que se extienda a cuestiones civiles, como disputas de linderos y posesión de predios entre comuneros, y penales. Así, en 2021, la CC confirmó la competencia de esas ‘autoridades’ para juzgar violaciones sexuales, como en la que incurrió un degenerado de 22 años contra su primo de 14, cuya pena en la justicia común iba de 19 a 22 años de prisión. La ‘sanción’ al violador fue limpiar un día a la semana, por un año, la plaza, el mercado y dos escuelas de la comunidad, además de cubrir “el gasto en medicamento” al afectado, además de castigo con ortiga y fuete, lo que fue “justificado” por la CC indicando que, así, el hechor “reflexiona” sobre las consecuencias de sus actos y, así, “restablece su vida” con la familia y la comunidad, terminando con el perdón (sentencia 2-16-EI/21). Tan ejemplificativo como eso fue romantizar el asesinato diciendo que “la muerte con lanzas” entre esos grupos es su costumbre ancestral (sentencia 112-14-JH/21) nos lleva al cualquier cosa, a guisa de pluralismo jurídico.

Por más que tengamos una Constitución oscura que no determina las materias objeto de justicia indígena (lo que les permite hasta nulitar escrituras o llamar “alteración” de firmas a su falsificación) no quita que ellos no pueden juzgar ni a no indígenas ni a aborígenes que no son de esa comunidad. Pero si eso lo justifica una CC, todo se pierde. Obviamente invertir en esos territorios es imposible, pues te puede salir un Iza con una turba que, proclamándose juzgadores, hacen lo que bien les parece. Si con decir que la justicia común está podrida justificamos todo, entonces abramos nomás el circo romano. ¿El Gobierno va a hacer algo para que en un país en supuesta guerra se retenga a policías? Es como hablar de lucha contra el narco poniendo a sus defensores en la administración de justicia.