Rafael Oyarte | Economía y seguridad

La Corte Constitucional está revisando tres leyes (de Solidaridad, de Inteligencia y de Integridad) que son impugnadas como inconstitucionales. Buena parte del debate ha girado en si son o no económicas, pues fueron presentadas como proyectos urgentes por el jefe de Estado. Que esa sea parte principal de la discusión es llamativo, pues esos proyectos no entraron a regir como decretos-leyes, que es la consecuencia por no debatirlos en el plazo constitucional de 30 días, sino que fueron aprobadas por la Asamblea, es decir, son leyes comunes y silvestres. Cosa distinta, es, insisto, abusar de la calificación de urgente, forzando su carácter económico, porque no se tiene votos para su aprobación legislativa, presentándolo por esa vía para que entre a regir como decreto. Una inconstitucionalidad formal no necesariamente condena a la ley a su expulsión, sino que puede generar la orden de que se corrija el trámite: ¿qué se podría enderezar, si los proyectos tuvieron la iniciativa, los debates parlamentarios, la votación necesaria y la sanción presidencial? Se debe considerar que la relación entre la seguridad y lo económico es tan directa que ello, incluso, se reconoce en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. En un ambiente de violencia e inseguridad y de dominio delincuencial, las labores productivas se reducen y esa disminución afecta uno de los más grandes ingresos públicos: el tributario. Además, la destrucción de emprendimientos por vacunadores, por ejemplo, acarrea una espiral negativa que llega a la pérdida de empleos. Al respecto, en su cuenta de X, Aldrin Gómez, experto en Derecho Económico, hace cuenta de que el crimen organizado no solo es un tema penal sino una “distorsión del mercado que genera monopolios ilegales, competencia desleal masiva y fallas de mercado”, al no tributar, no someterse a las regulaciones laborales y al eliminar violentamente a cualquier competencia, por lo que resulta urgente la intervención estatal, incluso penal, para restaurar la legitimidad del sistema, como ocurrió en otras naciones. Eso no quita que esas leyes incurren en inconstitucionalidades que deben ser declaradas o neutralizadas vía interpretativa, pero sin tomar el atajo de anular leyes completas bajo el argumento ramplón de que no son económicas. Y el Gobierno y su bloque parlamentario deben aprender a tener asesoría y a no estar improvisando y adivinando estos temas.