Rafael Oyarte | Derecho racial

Ecuador es, según su Constitución, un Estado unitario, es decir, tiene un solo órgano del que deriva la ley (asamblea o congreso), un solo gobierno y un solo sistema judicial, a diferencia de las federaciones, en que esa estructura se tiene, además del federal, un gobierno, legislatura y justicia en cada Estado federado, con una constitución estatal, además de la nacional. No se debe confundir esto con la descentralización, pues, pese a que se llaman gobiernos provinciales y municipales, no hay impuestos distintos (el IVA es el mismo en todo Ecuador) ni leyes penales diversas (no hay códigos penales provinciales) ni constituciones provinciales (como en Argentina), sino solo la de Ecuador, por lo que tenemos una sola corte suprema (llamada nacional, desde 2008) y una sola Corte Constitucional -CC- (no hay cortes supremas provinciales). Por ello la Policía encargada de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana es Nacional, al igual que las FF.AA. (incluso en federaciones como en confederaciones solo hay una fuerza armada nacional).

Por acá, en cambio, grupos dirigenciales indígenas, a guisa de ‘justicia indígena’, no solo quieren imponer el llamado ‘pluralismo jurídico’, esto es, sus propias normas de derecho, a quienes no son parte de sus comunidades, sino que se sienten con el poder de hablar de ‘sus territorios’ como que no son parte del territorio nacional (que es indivisible, según la Constitución), imponiendo el bulo de que la ley nacional no les rige e, incluso, que las fuerzas de seguridad del Estado no pueden encontrarse en esas áreas. Eso va más allá del abuso de la justicia indígena que, con la gentil colaboración de la CC, impone sanciones de burla a violadores: que el delincuente de 21 años que violó a su primo de 14 sea ‘condenado’ a barrer la plaza del mercado un día a la semana por un año no solo es un sarcasmo (pues la pena en justicia nacional supera los 25 años de cárcel), sino que desconoce los derechos de la víctima solo porque es indígena.

Por ‘pluralismo jurídico’ ya no solo se resuelven sus conflictos internos, como dice la Constitución, sino que se cargan sus ideas a todo el resto de la nación: en sus territorios no debe haber fuerza pública (para fiesta de los grupos criminales organizados), no hay explotación minera legal (para celebración de la minería ilegal) ni extracción petrolera (pero sí subsidios a combustibles fósiles), ni ninguna norma estatal, peligrando las actividades que sí tributan.