Los hechos del 3 al 12 de octubre del año 2019 (el octubre negro), no solo que develaron un movimiento golpista en el que los promotores resueltos a desestabilizar al Gobierno caotizaron al país con actos vandálicos en contra de la comunidad, y contra las fuerzas del orden, entendidas como tales las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mediante el combate propio de guerrillas urbanas. Así lo evidencian las imágenes de vehículos militares en llamas, policías convertidos por las bombas molotov en piras humanas; imágenes difundidas por redes sociales y por la televisión. 

 

El objetivo era tumbar al Gobierno vía conmoción social para, ante el riesgo de una confrontación civil, impulsar a las Fuerzas Armadas a retirar el respaldo al presidente de la República y/o justificar el llamado a muerte cruzada por la Asamblea, acelerando los tiempos para recuperar el poder, apuntalar la impunidad maltrecha y como efecto colateral, debilitar la imagen del Gobierno, la legitimidad de sus acciones, minando así su poder.

Para ello los fracasados golpistas recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que evalúe las violaciones a los derechos humanos de los protestantes. Su informe sesgado evidencia su contaminación ideológica izquierdista, desnaturalizando su razón de ser, para la que fue creada; restando por tanto legitimidad a sus conclusiones, convirtiéndose en juez y parte, transformándose en un remedo de movimiento político regional.

Los derechos humanos son principios carentes de ideología, ya que son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, profesión, sexo, etnia, etc. 

Ese octubre negro se transgredieron los derechos humanos de las familias perjudicadas por el vandalismo, los de los policías quemados, secuestrados; los de los militares retenidos y humillados. No considerar violados por los revoltosos tales derechos pone en entredicho la imparcialidad del organismo, para el cual, al parecer, los únicos derechos humanos válidos dependen de la ideología política de quien los viola.