Modesto Gerardo Apolo | Protestas sin impunidad
Ecuador no puede permitirse más estallidos que benefician a pocos y perjudican a todos
En Ecuador, el derecho a la protesta debería ser un instrumento de democracia, no un escudo para la impunidad.
Eventos como las paralizaciones lideradas por la Conaie, nos dejan un amargo sabor: destrucción de propiedad, bloqueos que paralizan la economía y pérdidas millonarias que pagamos todos, menos los responsables.
El artículo 98 de la Constitución permite a individuos y colectivos defender sus derechos frente a vulneraciones, pero siempre de manera pacífica, sin afectar derechos ajenos, como el libre tránsito o la propiedad privada.
En las movilizaciones actuales y las del 2022 vimos cortes de árboles para bloquear carreteras, lo que contradice la supuesta defensa de la Pachamama.
Al respecto, primero: esta hipocresía viola la esencia del derecho. Generó un caos en el 2022, que costó al país más de 1.500 millones de dólares en solo 17 días.
Segundo: la opacidad financiera de estas organizaciones clama transparencia. ¿Cómo entender que un movimiento que se autodenomina ‘pobre’ invierta según el BCE, 13,6 millones de dólares en el 2022 en logística, alimentación y movilización, sin que nadie pregunte el origen de esos fondos? Intereses políticos, ideológicos o económicos -como beneficiarios de subsidios a combustibles que alimentan contrabando y narcotráfico- podrían estar detrás. Aquí, la UAFE debe entrar en acción con rigor.
Tercero: no podemos ignorar la necesidad de responsabilidad civil, penal y económica para los organizadores, al igual que lo asumen los organizadores privados de cualquier evento público; debiendo, por tanto, exigir el registro obligatorio de los organizadores de las movilizaciones. ¿Por qué eximir de tales responsabilidades a quienes generan pérdidas millonarias?
La Fiscalía debe juzgar estos actos como sabotaje o daños a la propiedad bajo el Código Orgánico Integral Penal.
Enfrentemos los desafíos con: campañas de educación cívica que desincentiven el apoyo a protestas violentas; y que una justicia independiente rompa los ciclos de impunidad.
Ecuador no puede permitirse más estallidos que benefician a pocos y perjudican a todos.