Modesto Apolo: Me resisto

Solo así Ecuador avanzará sin cuentos que oculten el terrorismo económico
Los últimos siete años, la Conaie en 2019, 2022 y lo que va de 2025, convulsionó el país bajo el manto de ‘protesta social’ y ‘derecho a la resistencia’, generando pérdidas multimillonarias. Sin embargo, un análisis profundo revela que estos eventos trascienden la legítima expresión ciudadana, rozando actos vandálicos con impunidad garantizada.
La protesta social es la expresión pública, pacífica, de descontento y demanda de cambio, fuera de canales institucionales cuando estos fallan.
El derecho a la resistencia (artículo 98 de la Constitución) permite a individuos y colectivos oponerse a acciones u omisiones del poder público o privado que vulneren derechos constitucionales. Debe ejercerse pacíficamente, asumiendo responsabilidad por cada acto.
El subsidio a combustibles implementado en 1974 por el gobierno del Gral. Rodríguez Lara, para industrializar el país y diversificar la matriz productiva agrícola, es un beneficio para incentivar el desarrollo, no un derecho.
Contrastando los paros de la Conaie: en 2019, bloqueos y violencia causaron pérdidas de miles de millones en producción y comercio. En 2022, similar patrón: demandas contra subsidios devinieron en saqueos y destrucción. En 2025 persisten tácticas de paralización económica, sin alinearse a principios pacíficos del derecho a la resistencia, ni a requisitos de protesta social genuina. Estos actos, disfrazados, evaden justicia, dejando impunes a los líderes.
Como ciudadano, me resisto a esta narrativa embustera, a sufrir vandalismo terrorista mal llamado protesta, a que pérdidas económicas no se cobren a responsables, verdaderos terroristas económicos. Finalmente, me resisto a que vándalos eviten judicialización, prisión y reparación de daños, convirtiéndose en ‘ciudadanos de primera’, con privilegios, relegando al resto a ‘segunda clase’, a quienes la ley se aplicaría rigurosamente.
Es hora de exigir reparaciones, identificar a los responsables de los daños y que los paguen; de redefinir límites entre resistencia legítima y caos. Solo así Ecuador avanzará sin cuentos que oculten el terrorismo económico.