El Ecuador necesita fortalecer y defender su democracia. Ese fue el legado del fallecido Dr. Julio César Trujillo como presidente del Consejo de Participación Transitorio (Cpccs). Se reestructuró la Corte Constitucional, se designó una fiscal general firme en su lucha contra la corrupción, un Consejo Electoral que con altibajos logró realizar un proceso electoral sin fraudes ni apagones, renovó para avanzar en la independencia de la Función Judicial el Consejo de la Judicatura; lamentablemente, el Transitorio por escisiones internas no pudo cumplir sus propósitos. Se designaron otras autoridades que han mejorado la labor de los organismos que dirigen. Se equivocó en no nombrar un nuevo contralor, institución fundamental para auditar el uso correcto de fondos públicos e identificar a los depredadores de los mismos.

Ese legado lo continúa una comisión de distinguidos ciudadanos, presidida por un vocal del Cpccs Transitorio que estuvo junto al Dr. Trujillo, y que impulsa su propuesta de una consulta popular que contiene reformas democráticas que favorecen la democracia. El Dr. Simón Espinoza, otro ecuatoriano de notable civismo, también cercano a Trujillo en la Comisión Nacional Anticorrupción, propone una consulta que ponga en vigencia la Constitución de 1998 y desmonte de un solo tajo la Constitución de 2008, que beneficia un régimen presidencial absolutista.

Estimo que el “candado” constitucional vuelve inviable esta propuesta, salvo que se la instrumente a través de una Asamblea Constituyente. En todo caso hay reformas urgentes, como terminar con agrupaciones políticas minoritarias dedicadas a promover autocandidatos que se exhiben en campañas a costa de dineros públicos, clarificar que en una democracia el gobierno lo ejerce la mayoría y no las minorías, como acontece en Perú, que dos candidatos con respaldos minoritarios condenan a la mayoría no a escoger sino a votar en contra de una u otra opción. Eso ha sucedido en el Ecuador en elecciones pasadas e influido negativamente en la actual situación política. Deben definirse mecanismos que garanticen una certera elección de directivos de los organismos de control.