La Asamblea Nacional en sus últimos días de labores negó la propuesta de reformas constitucionales necesarias y convenientes, orientadas a fortalecer nuestra frágil democracia, planteadas por una comisión de prestigiosos ciudadanos que recogen el deseo de ese íntegro ecuatoriano, Julio César Trujillo, con quien se podría disentir políticamente, pero fue esencialmente un ciudadano honesto, un auténtico demócrata, quien desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio efectuó una trascendente labor por recuperar la institucionalidad democrática.

Las reformas planteadas favorecen la estabilidad política y la gobernabilidad. Volver a un régimen parlamentario bicameral mejorará el trabajo de esa Función del Estado, que justamente nace en Inglaterra en los albores de la edad moderna con dos cámaras (de los lores y de los comunes), lo cual contribuiría en nuestro país a que sus decisiones sean mejor procesadas, más analíticas, abandonando aquella idea de que el poder Legislativo es una fábrica de leyes, que se expiden sin la debida fundamentación y pertinente revisión, como ha sucedido con el actual Parlamento unicameral. La reforma también contribuirá a que se fiscalice con mayor profundidad y certeza.

La eliminación del Cpccs se justifica en cuanto se convirtió en la práctica en un organismo que fue utilizado como instrumento del anterior gobierno, con lo cual se debilitó la gestión de los organismos de control, que deben tener independencia. Igualmente se propone reducir el abultado número de costosos legisladores con exceso de asesores, así como dotar de independencia a la Fiscalía General del Estado como representante de la vindicta pública.

En injustificable actitud la Asamblea recurrió a tradicionales maniobras para dilatar el tratamiento de las reformas. El clima legislativo actual está anclado a cálculos electorales de la próxima elección, lo cual fue determinante para bloquear una reforma que por respeto al derecho de participación consagrado en la Constitución, deberá ser consultada a la ciudadanía al estar respaldada por 300.000 adherentes.