Columnas

La justicia y sus causas pendientes

Se aspira a que los jueces con apego a derecho sancionen sin temor ni favor a quienes están involucrados en estas turbias componendas.

No voy a referirme a los cuestionamientos a una administración de justicia que libera delincuentes comunes, contribuyendo con ello a fomentar la inseguridad ciudadana. Lo que causa bastante asombro y mucho desengaño, es que la justicia en EE. UU. procese a 13 ecuatorianos confesos de actos de corrupción en negociados vinculados con el petróleo y la reparación de la refinería de Esmeraldas, sin que se observe que ni la justicia ecuatoriana, ni los poderes Legislativo y Ejecutivo, en cumplimiento de sus deberes morales y legales, hagan lo necesario para resarcir el grave perjuicio ocasionado a todos los ecuatorianos con estos actos ilícitos.

El país se siente en algo reconfortado con el caso Sobornos 2012-16, que impulsa con mucho patriotismo y esfuerzo la fiscal general Diana Salazar, enfrentada a un numeroso grupo de abogados que por jugosos honorarios y poca ética, defienden con todo tipo de sofismas a quienes contribuyeron para que una agrupación política, abusando de sus influencias, utilice recursos públicos para satisfacer ambiciones personales de poder y dinero, mediante acuerdos que favorecían con contratos espurios a los aportantes de campañas electorales o actividades proselitistas, que interesaban a quienes gobernaron la década pasada.

Se aspira a que los jueces con apego a derecho sancionen sin temor ni favor a quienes están involucrados en estas turbias componendas. Hay la esperanza de que después de la conclusión de ese proceso se establezcan los sobreprecios y coimas en los contratos que beneficiaron a los involucrados en el delito de cohecho, en el que se incluye al presidente, al vicepresidente, ministros y cercanos colaboradores de alto rango del anterior gobierno, lo cual ha hecho mucho daño al país, actualmente sumergido en una profunda crisis de todo orden, con una elevada deuda pública, alto déficit presupuestario, inseguridad jurídica y ciudadana, crecimiento del narcotráfico, falta de recursos para pagar deudas internas, entre ellas la de los jubilados, lo que no sucedería si hubiese existido y existiera un transparente y austero uso de los fondos públicos.