Columnas

Examen de ingreso a la universidad

'Finalmente la ministra de Educación pudo explicar acertadamente la improcedencia de la prueba Ser Bachiller, que perjudicó a cientos de miles de aspirantes a estudiar en una universidad’.

Finalmente la ministra de Educación pudo explicar acertadamente la improcedencia de la prueba Ser Bachiller, que perjudicó a cientos de miles de aspirantes a estudiar en una universidad. El indicado examen se convirtió en un dique que frenó el ingreso a los centros de educación superior, al mezclar erradamente un test evaluador de conocimientos adquiridos en el bachillerato, con la vocación y aptitudes para seguir una carrera profesional de tercer nivel.

La causa para tan inaceptable confusión respondía al proyecto político del anterior gobierno, de tener bajo control a todas las entidades públicas o privadas y en este caso específico, limitar la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, que en un régimen democrático son independientes del poder político, tienen funciones y objetivos definidos, y no deben estar sometidas a intereses de los gobiernos de turno.

El Ecuador pasó de tener una universidad acusada de elitista antes del movimiento parisino de 1968, a una universidad que masificó la formación de profesionales a partir de 1969, año en que se estableció el libre ingreso sin examen previo. Esa distorsión de ingresar y graduar a todos fue corregida en la Ley de Educación Superior de 1982, facultando a cada centro de educación superior a reglamentar procesos de admisión y nivelación, así como ciclos de estudios y aprobación de carreras; con ello se lograba igualdad de oportunidades y reconocía méritos del estudiante. Las universidades y politécnicas podían además ofertar carreras de nivel técnico o tecnológico.

El síndrome de conferir al menos el título de licenciado bloqueó en la ley del 2010 la posibilidad de ofrecer carreras de ese nivel, sin que al mismo tiempo se ampliaran y fortalecieran los institutos técnicos-tecnológicos para que asumieran esa responsabilidad.

Las universidades y politécnicas pueden, con base en su autonomía, planificar, regular y coordinar con el Consejo de Educación Superior la admisibilidad y permanencia de sus estudiantes, incluso ofreciendo cursos en la modalidad virtual, pero no reprimir el derecho de los jóvenes.