Se podría invertir días especulando sobre los motivos por los que Rafael Correa y su corte han dedicado un operativo patológico para sacar a Diana Salazar de la Fiscalía. Se trata de una tarea que puede resultar fascinante porque la intensidad es demencial: según un registro hecho por Roberto Aguilar en las páginas de este diario, en apenas un día Correa redactó 68 furiosos tuits en contra de la fiscal. Es que si se observa todo lo que han hecho Correa y su operadores, incluido el inefable Alembert Vera en el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, es inevitable preguntarse ¿qué es lo que tiene a esta gente tan obsesionada?

Algunas posibilidades ya se han ventilado. Una es que no quieren que se siga con el proceso en contra de Jorge Glas por el caso de corrupción en la reconstrucción de Manabí. Otra dice que Correa quiere sacar a Salazar para que no haya oposición de la Fiscalía a un eventual recurso de revisión del caso Sobornos. Pero de todas las posibilidades que se han mencionado para explicar la febril actividad de Correa hay una que luce más real e inminente: en agosto (es decir ya mismo) inicia en EE. UU. el juicio a Nilsen Arias por los negociados en el sector petrolero durante el correato. Al contrario de las otras hipótesis, en esta hay una urgencia única: el juicio es en EE. UU. y ahí no existe la posibilidad, como acá, de tomar el control de las cortes.

El caso de Arias es brutal: está entregado a la justicia de los EE. UU. y ha decidido colaborar. Arias fue apenas un operador de la podredumbre que hubo en el manejo del comercio internacional del crudo ecuatoriano durante el correato y nada de lo que hizo se podría explicar sin el conocimiento de las dos personas que controlaban el sector: Jorge Glas y Rafael Correa. Arias recibió 18 millones de dólares en coimas de un total que se supone llega a cerca de los 80 millones de dólares que recibieron otros funcionarios. La justicia de los EE. UU. quiere saber quién más se lucró y Arias está dispuesto a dar la información. Una vez que haya concluido el juicio, está previsto que el exfuncionario de Petroecuador confiese ante la Fiscalía del Ecuador que está colaborando en esto con sus pares estadounidenses. Cambiar de fiscal es, entonces, una necesidad desesperada.