Martín Pallares | ¿Y ahora, quién podrá defendernos?

La única herramienta que tienen, en estos momentos, los ecuatorianos para interpelar a sus mandantes es la opinión pública. Esto es una anormalidad, porque en un sistema democrático y moderno lo habitual es que los poderes independientes del Estado cumplan con ese trabajo. En Ecuador, por ejemplo, antes de la muerte de la llamada partidocracia, existía un Congreso que, mal o bien, llamaba a los funcionarios del Estado a dar explicaciones sobre sus gestiones y, sobre todo, sobre los escándalos que surgían y que eran denunciados por los medios de comunicación. A pesar de sus defectos, el trabajo de un Congreso que fiscalizaba y preguntaba permitía a la opinión pública acceder a información relevante. Incluso luego del advenimiento de la Constitución correísta de Montecristi, la Asamblea tenía cierta capacidad de interpelación.

Lo que ocurre ahora, en cambio, es aterrador: cuando la prensa, con todas sus limitaciones, denuncia algún escándalo de corrupción, no hay ningún poder del Estado que se espabile. El tema de los misteriosos viajes del presidente al exterior, por ejemplo, no ha generado ni el más mínimo impulso en la Asamblea para debatirse en su seno. Y cuando algún legislador advierte sobre la necesidad de investigarlos, resulta que es correísta, lo que deslegitima su pedido: es harto conocido que Rafael Correa, cuando era presidente, hacía lo que le daba la regalada gana con los aviones de la Presidencia. Es más, si Noboa abusa del avión presidencial para sus viajes -muchos de ellos sin que se conozca siquiera la agenda-, Correa hacía lo mismo y con un agravante: se llevaba de paseo a sus amigotes en los aviones de TAME, empresa a la que quebró por utilizarla políticamente. Es decir, los únicos que están cuestionando los abusos de Noboa son aquellos que no tienen legitimidad para hacerlo. Así, cualquier intento de fiscalización en la Asamblea pierde sentido.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud: el Gobierno contrata plataformas tecnológicas para agendar citas que no funcionan (o que nunca llegaron a implementarse), y luego contrata otras que tampoco funcionan, y nadie -pero nadie- exige cuentas. Y lo mismo sucede con la compra de dos medios de comunicación: un oscuro y pobretón asambleísta alterno del Gobierno se gasta $ 2’600.000 en adquirirlos, y a nadie en el SRI o en la UAFE le interesa indagar sobre el origen de esos fondos. No es solo el poder el que abusa: son los poderes encargados de hacer el balance democrático los que no trabajan.