Martín Pallares | ¿Mafias en la Fiscalía? Aún hay cómo evitarlo
¿Es posible evitar que finalmente cuaje el operativo para que el próximo fiscal sea un bienmandado de alguna fuerza oscura?
El miércoles hubo una sesión en el CPCCS en la que se constató que el concurso para elegir al nuevo fiscal del Estado está diseñado para que ese funcionario ni sea honesto, ni sea probo, ni esté calificado para ese trabajo. En esa sesión se evidenció que el concurso en el CPCCS está tan amañado y manipulado que únicamente alguien que no tiene ni honra ni prestigio presentaría su carpeta para concursar. Solo a alguien que busque algún rédito inconfesable o quiera trabajar para alguna fuerza oscura podría interesarle aspirar a ser fiscal en esas condiciones.
La sesión en cuestión tenía como objetivo que el pleno del CPCCS, presidido por Andrés Fantoni, escuchara el informe sobre los avances del concurso elaborado por una veeduría oficialmente registrada en el organismo. Las observaciones no eran poca cosa. Básicamente, la veeduría demostró que el proceso que lleva adelante el CPCCS está diseñado para escoger miembros manipulables para la comisión que va a decidir quién será el próximo fiscal.
Según expuso el coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, se ampliaron ilegalmente los plazos para que ciertos aspirantes a la comisión de selección pudieran presentar sus carpetas, cuando el plazo legal ya había concluido. Además, a última hora se cambiaron las calificaciones de los aspirantes a integrar la comisión que escogerá al fiscal, para beneficiar a quienes resultaban evidentemente “útiles”. Tampoco hubo debate en el pleno del CPCCS para que se conozca cómo se conformó una comisión técnica, amén de que se restringió el trabajo de los veedores. Y, como si fuera poco, varios meses después de conformada la veeduría se agregaron 70 nuevos veedores, con el evidente fin de desnaturalizarla.
¿Es posible evitar que finalmente cuaje el operativo para que el próximo fiscal sea un bienmandado de alguna fuerza oscura, como se evidenció el miércoles? Es claro que, tal como están las cosas, resulta prácticamente imposible que el país tenga un fiscal más o menos decente. Pero aún queda una esperanza, aunque sea diminuta.
La academia, la sociedad civil, los colegios de abogados y las cámaras de la producción deberían, al menos, hacer un gesto para mostrar su rechazo a este operativo y proponer perfiles decentes para la Fiscalía: nombres de penalistas notables, con trayectoria y prestigio. Aún se puede tener la esperanza de que eso ocurra; solo falta la decisión.