Esta situación de pandemia prolongada, con variantes y particularidades, está produciendo un sinsentido en las decisiones que regulan la vida ciudadana. El Ministerio de Educación dispuso el retorno progresivo y voluntario a clases, pero el cabildo guayaquileño se rehúsa a permitirlo con un despliegue que solo se entiende desde la tarima política. 

Tengamos en cuenta que el único ente rector en educación es el Ministerio y ante la insistencia del cabildo de no permitir que se acate la disposición ministerial se habría dispuesto que la fuerza pública se haga presente para respaldar la disposición de la ministra. ¿En qué momento nos convertimos en esa ciudad? Una que permite asistencia a un partido de fútbol, pero no permite que los niños vayan voluntariamente a recibir clases a los colegios que pueden hacerlo. 

Los argumentos de que el derecho a la educación no está siendo impedido porque los niños pueden continuar en la educación virtual es una verdad a medias. El cabildo irrespeta la decisión de los padres de llevar a sus hijos voluntariamente a recibir la educación que ellos consideren, al ser ellos los responsables de sus hijos. Los números para justificar esta decisión son 10 niños en UCI, 40 hospitalizados por COVID y que no todos los estudiantes están vacunados. Pero parece que no se toma en cuenta que la población infantil no está siendo obligada a atender, se les está dando la oportunidad de hacerlo a quienes lo necesiten y prefieran. Operamos como colectivo con un agravante generalizado, en estos dos últimos años, y es que las cifras presentadas como indicadores de contagio y situación de pandemia suben y bajan, y ante el desconocimiento y la capacidad de comprobar con estadística histórica, el miedo es lo primero que responde a los anuncios porque el contexto se pierde. 

Frente a la clausura de más de nueve planteles, con el mensaje que envía a la población, así como costos y trabas que esto implica para los colegios, el Ministerio ha acudido a la instancia judicial anunciando la presentación de tres recursos: una acción constitucional de medidas cautelares, una acción de protección para que se revea la acción de prohibición de clases presenciales y clausura de planteles educativos y también acciones administrativas para impugnar la sanción municipal a planteles. 

Mientras tanto, los sellos de clausura se acumulan en la reja de una institución que se niega a dejar de educar por riñas políticas. Estamos todos a la espera de una resolución general que zanje el desacuerdo y durante este tiempo los niños quedan suspendidos en la temporalidad de decisiones que afectan tremendamente su situación psicológica, educativa, social y familiar. El control y la fuerza son buenos para vender una suerte de rumbo en las decisiones que se toman; para contribuir a la percepción de que la autoridad está peleando por el bienestar de la ciudad, pero esta pelea acaba por perjudicar a quiénes más hay que proteger: los niños. 

Esta circunstancia nunca debió darse; hay instancias, normas, instituciones y roles que deben respetarse para que una sociedad funcione adecuadamente. La cadena de desacatos solo nos debilita como grupo, particularmente, cuando no hay una lógica hegemónica. Aquí todo es político.