El lunes la fiscal de la nación Diana Salazar anunció una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para investigar las denuncias de corrupción durante la pandemia. El martes en rueda de prensa conjunta con la ministra María. Paula Romo se explicó la cooperación entre Ministerio de Gobierno, Policía Nacional y la Fiscalía para que esta última proceda a tener un equipo de policías que se concentren en investigaciones y que agiliten los procesos judiciales denunciados. La metodología está diseñada para que se intercambien los fiscales y las causas del territorio asignado para interrumpir la “familiaridad” que pueda haber.

Sobra describir lo que la ciudadanía siente y piensa acerca de las denuncias de corrupción para compras de equipos médicos, pruebas y bolsas para cadáveres (entre lo que se sabe) en un momento de dolor indescriptible.

Las denuncias de corrupción gubernamental son muestra del descalabro moral; algunos ejemplos: el manejo de recursos estatales para la reconstrucción posterremoto, Caminosca, Odebrecht, Refinería del Pacífico, Sobornos, las compras del IESS, etc. Pensamos que vimos lo peor cuando ciudadanos se enriquecieron ilícitamente y malgastaron fondos esenciales para una población que dormía en la calle; las irregularidades denunciadas en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas siguen sin dar con responsables. Parte del problema es el lenguaje que se utiliza para determinar acciones, como sobreprecios, acuerdo entre privados; son artificios del lenguaje que sirven para intentar esconder la realidad y confundir a la población. Tengamos claro que robo es robo, coima es trampa y corrupción es corrupción. Frente a esto, la iniciativa de la fiscal general es una brisa de esperanza.

La gestión del miércoles 3 de junio de la fuerza de tarea multidisciplinaria resultó en 37 allanamientos realizados entre Guayaquil y Quito. 17 personas fueron detenidas por estar involucradas en tres casos de corrupción: Prefectura del Guayas, Hospital Teodoro Maldonado Carbo y Municipio de Quito. Luego el jueves se anunció la detención del asambleísta Daniel Mendoza y del gerente general del Secob. Faltan procesos en un océano de denuncias, pero se debe resaltar la contundencia de la acción frente al ofrecimiento de esta semana. Ecuador necesita resultados firmes y serios de la Función Judicial. La aplicación de justicia debe ser rigurosa y puntual, sobre todo en casos tan torcidos como los que hemos visto. Los jueces deben actuar con honorabilidad. Veamos como ejemplo a aquellos ciudadanos excepcionales que dieron las mejores batallas en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico: el juez colombiano Tulio Manuel Castro Gil, la jueza colombiana Mariela Espinosa, el ministro de Justicia asesinado del mismo país, Rodrigo Lara B; el periodista Guillermo Cano, entre otros muchos de los que conocemos menos.

El sistema se enaltece por las personas que lo conforman, una prensa que denuncia y un sistema judicial que investiga y aplica la justicia de tal manera que no se ve como algo lejano e ingenuo, sino como una consecuencia óptima del clamor ciudadano que demanda justicia. Finalmente, debo concluir que el fin de la corrupción está en cada uno de nosotros.