Cárceles y COVID

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Cárceles y COVID

¿Y Ecuador? En la cárcel de Ambato, 420 casos; en Cotopaxi y Archidona 2 guías penitenciarios y 16 detenidos contagiados, y el Gobierno anunció que va a hacer pruebas

Aproximadamente 1,7 millones de personas están encarceladas en América Latina y el Caribe. Casi el 40 % de esa población está en situación de privación de libertad bajo la modalidad de prisión preventiva. Por otro lado, es obligación estatal precautelar la salud de todas aquellas personas que estén en custodia a su cargo, independientemente de su nacionalidad o motivo de detención. En tal virtud, todo gobierno debió aplicar inmediatamente políticas de salud a este sector de la población, empezando, por lo menos, con las debidas pruebas de COVID-19. Sin embargo, y según César Muñoz, investigador senior de Human Rights, en vez de realizar pruebas y actuar eficientemente, “muchos prefirieron actuar como si fuera posible sellar completamente las cárceles para aislarlas del mundo exterior, cancelando las visitas y los permisos de salida por tiempo indefinido. Sin programas amplios para realizar pruebas de detección, era cuestión de tiempo para que el virus se colara tras los barrotes. Y así ha ocurrido. Chile ya tiene al menos 685 casos confirmados entre reclusos y personal penitenciario; Brasil, más de 900: Colombia, más de 1.000 y Perú alrededor de 1.500. La COVID-19 es la causa confirmada de la muerte de por lo menos 160, entre detenidos y personal penitenciario, en la región, la mayoría de ellos en Perú”.

En Brasil se ha liberado a casi 30.000 personas como una respuesta a las políticas judiciales que no implican liberación de reos sino opciones de cumplir condena fuera del confinamiento carcelario insalubre, por caracterizarse por un hacinamiento que no logra corregirse.

¿Y Ecuador? En la cárcel de Ambato, 420 casos; en Cotopaxi y Archidona 2 guías penitenciarios y 16 detenidos contagiados, y el Gobierno anunció que va a hacer pruebas.

Evaluar caso por caso, identificar prisioneros no violentos, usar grilletes, atender a personas vulnerables: puede representar una tarea que este gobierno le debe al país, pues su principal obligación es respetar los derechos humanos de todos, sin distinción de ninguna condición.