Esta columna con bastante frecuencia analiza, en la pequeña dimensión de editorial, los desafíos educativos que enfrenta el Ecuador, así como, brevemente, sugiere cambios en líneas de acción prioritarias a implementar los próximos años. Lo hago, considerando que sistemas, estándares y modelos correctamente construidos, son bienes públicos que nos conciernen a todos.

Las evaluaciones y las acreditaciones son procesos indispensables para lograr sistemas de educación superior de calidad. La evaluación y la acreditación impuesta como obligación no se considera apropiada en muchos países desarrollados y de altos estándares académicos. Lo usual son cuatro pasos básicos de una acreditación voluntaria: 1) informar y sensibilizar a la comunidad educativa; 2) realizar una autoevaluación diseñada con sentido crítico y honestidad; 3) solicitar una evaluación externa de una agencia seria y responsable; 4) la acreditación misma.

En Ecuador hemos pasado por altos, bajos y bajísimos niveles de evaluación y acreditación. Desde delirios con exigencias de ciencia ficción, sobre simplificaciones patéticas y por supuesto, listados burocráticos interminables, sin coherencia entre secciones. También hay supuestos promotores educativos movidos exclusivamente por el afán del lucro, creando universidades e institutos técnicos indignos de su denominación. Lo virtual ampliado por el COVID tiene innumerables beneficios, pero atención a las universidades o tecnológicos solo virtuales; en los análisis serios contemporáneos caen en la categoría de los que más buscan el facilismo.

Me impacté al leer una reciente publicación oficial de Get Educated… “Se han identificado más de 40 agencias de acreditación universitaria falsas que afirman supervisar una variedad de programas universitarios y universitarios en línea. La mayoría de estas agencias “acreditan” fábricas de diplomas o de títulos.” “NINGUNA de estas agencias de acreditación está reconocida como acreditación universitaria en los EE. UU.”.