“¡El Ecuador es un país de emprendedores!” Esta es una expresión repetida muchas veces pero en efecto, cierta. Lo dice el último ranking del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2020, que posicionó a Ecuador como uno de los países latinoamericanos que tiene una alta tasa de emprendimiento, por encima de Brasil y de Colombia.

Y es que en nuestro país más de un 36 % de adultos poseen un negocio propio creado mayoritariamente debido a la falta de empleo.

Hay fenómenos interesantes que muestran la capacidad emprendedora del ecuatoriano: si a alguien le va bien vendiendo jugo de naranja, a los pocos días veremos nuestras ciudades inundadas de naranjas. ¡Hasta con exprimidores inventados con mucha innovación!

Pero no es fácil emprender en Ecuador. Por esa razón hay mucho emprendimiento por necesidad, sin valor agregado. Recién en 2020 pudimos tener una Ley de emprendimiento, gracias a gremios como la AEI, con la que en tan solo minutos una persona puede tener su compañía simplificada con su RUC en línea.

Al hacer un análisis de las industrias ecuatorianas podemos sentirnos orgullosos de su calidad empresarial. La mayoría de corporaciones y empresas ecuatorianas han sido fundadas y son administradas por emprendedores ejemplares, que han debido soportar las turbias aguas de la corrupción estatal, el exceso de reglamentación o regulaciones y la politiquería. Tenemos empresas que hoy son líderes mundiales en sus industrias, como en la agroindustria por ejemplo; bancos que han salido de nuestro país exportando sus modelos; industrias como las del calzado, que hoy venden en varios países; ‘startups’ exitosas en la región. En fin, hay muchos ejemplos.

Pero corremos el riesgo de confundir el emprendimiento con el éxito económico, o peor aún, con el dinero fácil. Lo que hemos visto en los últimos días en el caso denominado Purga debe asquearnos y levantar una alerta respecto al pensamiento de las nuevas generaciones.

Hubo quien, con sentido jocoso, cayó en cuenta del espíritu emprendedor de la procesada Mayra Salazar. Y es que su participación consta desde la venta de medicinas a hospitales en Guayaquil, hasta la intermediación de mujeres para servicios de acompañamiento a caballeros. En medio, una tabla de servicios judiciales donde constan precios de gestiones para alcanzar cambios en sentencias, diferimientos de audiencias, entre otros.

El correísmo generó una confusión moral muy grande en el país, con un efecto irreversible en la ética pública. Muchos jóvenes vieron en el sector público la manera de hacer dinero fácil. Es triste ver nuevas generaciones de ciudadanos procesados por la justicia por contratos petroleros, por llevarse el dinero del Isspol, o por los seguros en entidades públicas. Ciudadanos dados de empresarios exitosos, que llevaban una vida llena de lujos y ostentación.

Robarle recursos al Estado no es emprender. Concretar negocios o arreglos a través de la corrupción, no es ser un empresario exitoso o un buen abogado. Que quede claro que ellos no son emprendedores, son unos pillos que merecen el escarmiento de toda la sociedad. Empecemos a mirar a nuestro alrededor y a generar el rechazo social de quienes han actuado sin ejemplaridad.