Juan Carlos Holguín | Fundaciones para fundir la criminalidad
La minería ilegal usa fundaciones para hacer donaciones ficticias y supuestamente ayudar en algunas comunidades
La semana pasada un nuevo sicariato sacudió a Guayaquil. Esta vez la víctima era un ciudadano a quien muchos consideraban un “empresario dedicado a la industria de seguridad”. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones se conoce que la víctima tenía varias acusaciones de deudas, estafas, pero también estaba involucrado en un negocio de transporte de oro.
No podemos preocuparnos de la violencia, de los sicariatos, de la droga, de los terroristas, del tráfico de personas, si no nos preocupamos primero de la minería ilegal. Está en todas partes y es ahí donde se lava la mayor cantidad de dinero.
Un informe del medio digital Primicias muestra de forma impactante el daño que ha hecho la minería ilegal a la provincia amazónica de Napo. Muchas comunidades ya no pueden consumir alimentos ni agua por la evidente contaminación de los ríos. Según los miembros de la comunidad kichwa de Capirona, se pueden ver peces deformes o el aparecimiento de graves infecciones en sus habitantes.
La minería está matando al país. Y esta actividad no se detendrá si no hay una guerra directa: a finales de enero el precio de la onza de oro superó por primera vez en su historia los 5.000 dólares. A diferencia de otras industrias ilegales que tienen altos costos de logística, por lo que los precios por kilo de producto se pagan si es que este llega bien a destino, el precio del oro generalmente se lo paga en origen.
Con permisos de minería artesanal, estos mineros ‘artesanales’ operan en la ilegalidad, devastando además todo el ecosistema natural, como en el caso de Napo. Está en todas partes y es ahí donde se lava la mayor cantidad de dinero ilegal en el país. La minería ilegal representa la amenaza híbrida más importante para la democracia.
Hay que respaldar la decisión del Gobierno nacional de suspender toda la actividad minera en la provincia amazónica de Napo y también en las plantas de beneficio de El Oro y Loja, fronterizas con Perú. Este es un primer gran paso. Las Fuerzas Armadas debiesen entender que las nuevas amenazas no están en las fronteras, sino en los ríos.
Se necesita también la construcción de una nueva fuerza de defensa para combatir los delitos ambientales. Ésta requiere además que existan otros órganos coordinados y con enfoque en estas actividades: fiscales para delitos ambientales, jueces especializados, y principalmente un reseteo de la agencia de control minero del país.
Pero no es todo. Si no se fumigan todas las fundaciones que han aparecido en los últimos años, no se podrá controlar lo más importante: los flujos de dinero. Un informe de la periodista Janet Hinostroza daba a conocer que en el Ecuador existen actualmente más de 80.000 fundaciones. Escalofriante.
¿Quién las controla? El Ecuador tiene grandes fundaciones que históricamente han jugado un rol en el desarrollo del país bajo un principio de subsidiariedad. Pero en los últimos años hay otras que solo son escudos para tapar las actividades ilegales y los movimientos inusuales de dinero. La minería ilegal usa fundaciones para hacer donaciones ficticias y supuestamente ayudar en algunas comunidades. Hay que insistir en el control de las fundaciones para que no sean escudos de la ilegalidad.
