El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca mejorar la eficiencia económica y generar empleo, ante la difícil situación financiera del sector público. Esta iniciativa tiene aspectos positivos y negativos que deben ser analizados con responsabilidad.

Por un lado, la reforma propone medidas que pueden impulsar la inversión y el desarrollo, como la ampliación de las zonas francas y la promoción de las asociaciones público-privadas. Estas acciones pueden atraer capitales extranjeros y crear puestos de trabajo, lo cual es esencial para reactivar la economía y elevar el bienestar de los ecuatorianos.

Por otro lado, la reforma también plantea aumentar los aranceles a las importaciones, lo que puede tener efectos adversos sobre la economía y el empleo. Al encarecer los productos importados, se reduce el poder adquisitivo de los consumidores y se afecta la liquidez de las empresas. Esto no solo perjudica a los grandes importadores, sino a toda la cadena productiva vinculada.

Ante este panorama es necesario que la Asamblea busque soluciones más efectivas y equitativas para enfrentar los desafíos estructurales que aquejan al país. Por ejemplo, es urgente reformar el régimen laboral de los servidores públicos, que actualmente gozan de privilegios injustificados que afectan la eficiencia y el gasto público. No es razonable que estos trabajadores tengan estabilidad absoluta, indemnizaciones millonarias, jubilaciones anticipadas y bonos especiales. Estas prácticas generan una carga insostenible para el Estado y no se corresponden con la realidad de otros sectores.

También es importante que el Gobierno invierta en sistemas para mejorar la gestión de entidades como la Senae, el SRI y el Sercop, que son responsables de recaudar, administrar y asignar los recursos públicos. Así evitamos perder otros miles de millones más.

Es hora de que los poderes del Estado y la sociedad civil dialoguen y consensúen una reforma que beneficie al país en su conjunto, sin afectar a los más vulnerables ni a los sectores productivos. Una reforma que impulse el crecimiento, la competitividad y la equidad.