El FMI concluye algo cierto: en Ecuador somos pocos los que pagamos impuestos. En otras palabras: el SRI solamente tiene mapeada una parte del pastel, que es a quienes cobra tributos. Como consecuencia, la solución acordada con el Gobierno es incrementar gradualmente el IVA hasta llegar al 15 %.

Astutos, considerando que ese pacto para asegurar el pago de la deuda significa que quien tiene que implementar esa medida para ampliar la base de contribuyentes y gravar más a los que ya pagamos es el siguiente gobierno.

Pero la cosa no queda allí. El acuerdo también incluye cobrarle impuestos a quienes reciben décimos y aumentar el impuesto a la renta de las sociedades y las personas naturales. Es decir, en el 2021 se nos van a cargar más a los formales.

Estas decisiones fomentan la informalidad, porque el informal no paga impuestos y representa competencia desleal para los formales, que sí pagamos. Son a esas personas que el FMI y el Gobierno deberían atraer a la formalidad. Así ganamos todos, incluso los informales, porque podrían acceder a los beneficios que la formalidad implica, incluyendo créditos que les permitan crecer y generar empleos adecuados. La solución correcta sería reducir los trámites para facilitar la formalización de los negocios y que estos puedan concentrarse en su razón de ser: vender más.

Somos el país con mayor presión tributaria corporativa de la región (42,6 %), para mantener a un Estado demasiado grande en relación al PIB. Esa presión nos hace caros para producir, reduce la competitividad y causa que todos los productos sean más costosos, reduciendo el poder adquisitivo del ciudadano, al que el Estado debería servir.

El modelo de gobierno vigente es inviable. Hay que reducir y derogar impuestos. No subirlos. Permitirles a los ciudadanos recuperar el poder adquisitivo y con ello, el crecimiento de los negocios y el empleo. ¿Cómo mantenemos al Estado? En primera instancia, controlando las compras públicas. Se roban miles de millones de dólares por esa vía.