Juan Carlos Díaz Granados | México erró con la reforma judicial
Una justicia que no es independiente deja de ser justicia. Y sin justicia, ninguna democracia prospera
La reciente elección de jueces por votación popular en México ha generado un debate encendido. Sus defensores sostienen que la justicia está tan politizada y contaminada que solo devolviéndole el poder al pueblo podrá haber sentencias imparciales. Sus críticos, en cambio, temen que se convierta en un espectáculo electoral, aún más vulnerable al populismo y a la presión de grupos de poder.
En Ecuador ese debate no ha llegado con fuerza, pero la raíz del problema es similar: una justicia secuestrada por intereses ajenos a la ley.
El sistema judicial ecuatoriano ha sido, durante décadas, el tablero de ajedrez de quienes dominan coyunturalmente el poder político. Se rotan los jugadores, pero la lógica del reparto permanece. Así, el mérito cede ante la lealtad y la técnica ante la conveniencia.
Mientras tanto, el daño es doble: por un lado se vuelve improbable que las disputas se resuelvan con justicia, lo que erosiona la confianza ciudadana en el sistema; y por otro, se instala un clima de impunidad funcional que favorece la corrupción, agrava la conflictividad social y aleja la inversión.
A esto se suma un fenómeno alarmante: algunos jueces honestos, que aún creen en su juramento y en la Constitución, son presionados por las mafias con el infame ‘plata o plomo’. Enfrentan amenazas reales contra su vida o la de sus familias si no favorecen a estructuras del crimen organizado. En ese contexto, exigirles independencia sin brindarles protección es casi una hipocresía de Estado.
Por eso el sistema de justicia del siglo XXI no puede pensarse con las mismas herramientas del pasado. Como propone Richard Susskind en ‘Online Courts and the Future of Justice’, es urgente repensar cómo se imparte justicia: cortes en línea, procesos virtuales seguros, trazabilidad digital y barreras tecnológicas que protejan tanto a jueces como a usuarios del sistema. No se trata solo de eficiencia, se trata de proteger la integridad del proceso judicial frente a amenazas externas.
Una justicia que no es independiente deja de ser justicia. Y sin justicia, ninguna democracia prospera. El desafío está en modernizar el sistema para blindarlo frente a las mafias y liberarlo de los pactos políticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en la ley y sus instituciones.
