Una ciudad como Guayaquil requiere de una gobernabilidad que englobe todos los aspectos de su dinámica. Responder a sus particularidades implica hacer una responsable revisión de su historia, conocer las razones por las cuales creció de manera impetuosa, sin planificación y convertida en un polo de atracción de múltiples contingentes migratorios, principalmente internos, repletos de necesidades, con manifestaciones culturales propias, costumbres y requerimientos que, en circunstancias de angustia por sobrevivir cedieron a la conveniencia de liderazgos que terminaron por masificarlas, convertirlas en amorfos colectivos en condiciones de ser movilizadas para beneficiar los egoístas y trogloditas intereses de los caudillos de turno.

Guayaquil ha sido la cuna del populismo, y este fenómeno, a más de expresar una realidad de sumisión de una enorme población a la conveniencia refractaria de una figura mesiánica de indiscutible poder de dominación y control, ha diseñado una institucionalidad local que, en el mejor de los casos, ha logrado sobresalir por su eficiencia en el manejo de recursos, racionalidad administrativa y realización de obras, pero no por su capacidad para comprender que un proceso de crecimiento exponencial urbano como el que se ha dado, conlleva la obligación y el deber de reconocer en los “pueblos nuevos” una aspiración que exige, de manera urgente, tener presencia decisoria en su destino y ser reconocidos como sujetos activos de una gobernabilidad que trasciende los límites institucionales y se afinca en un amplio y muy específico mundo, con cosmovisión y lógica propias.

Esta “ausencia de ciudadanía” se ha manifestado en la situación actual de la pandemia como una seria dificultad para ejecutar estrategias de combate a sus duros efectos, contar con una red estructurada de organizaciones populares que permitan racionalizar el comportamiento de la comunidad y la distribución de ayudas, y articular un sistema eficiente de respuesta.

El “modelo” está en deuda con los derechos ciudadanos.