Esta parece ser la consigna de la Comisión Nacional Anticorrupción -CNA- en su lucha para frenar el atraco a los dineros del Estado.

La entidad, formada por iniciativa de sectores sociales representativos desde hace varios años, desarrolla una actividad traducida en más de treinta denuncias ante los organismos de justicia sobre casos de corrupción. De ellas, varias han desatado acontecimientos y han producido en la opinión pública la certeza de su veracidad y la demanda de investigación y castigo. En el caso de la central hidroeléctrica Manduriacu, por ejemplo, la CNA advirtió un sobreprecio de más de 100 millones de dólares en su construcción a cargo la empresa brasileña Odebrecht (el costo inicial era de 124,8 millones y llegó a 227,3 millones). La Comisión fue demandada por el entonces prefecto del Pichincha, que reclamaba tres millones de dólares por “daño moral” a los comisionados Jorge Rodríguez y Germán Rodas, pero desistió luego ante el repudio generalizado de la ciudadanía.

Entre los múltiples hechos denunciados por la CNA está el de los negociados en la adquisición de medicamentos e instrumental para varios hospitales del Estado y del IESS. En este caso el trabajo de la CNA ha puesto en claro la intervención de sujetos políticos que, sin explicación alguna, habrían sido favorecidos por altas autoridades estatales, y habrían medrado descaradamente de los altísimos montos por adquisiciones aun en esta fase de la pandemia.

Este trabajo, de alto contenido patriótico, es desempeñado por un conjunto de ciudadanos que no cobran sueldo, no dependen de erogación alguna del Estado y prestan su voluntario contingente para preservar los recursos de la población ecuatoriana.

Ellos han sido amenazados de manera continua; los funcionarios que se atrevieron a enfrentar a la mafia incrustada en varias casas de salud han sido agredidos físicamente, pero ninguno de estos actos de violencia los ha arredrado y, por el contrario, han demostrado valentía y entrega para cumplir con esta noble tarea de parar la corrupción.