Al fin, quizá, las élites del país asumirán su tarea. Desde hace décadas luce evidente que los empresarios (que son una parte de ellas) viven desentendidos del país. Lo miran desde un discurso chato según el cual su deber es dar empleo y, si acaso, pagar impuestos. Porque los escudos tributarios, las exenciones y exigencias proteccionistas hacían parte de los pedidos a todos los gobiernos. En los hechos, las cámaras de la producción y de comercio, todas en general, se especializaron en armar programas económicos que religiosamente entregaban a los gobiernos de turno con la expectativa cierta de ser acogidos. Programas con sello empresarial; lícitos si se quiere pero limitados a sus intereses. El país, en ese ejercicio, no aparecía.

Un ejemplo: la educación pública, su calidad, la infraestructura en escuelas, colegios y universidades nunca interesó al mundo empresarial. Tampoco a las demás élites. Nada extraño que haya sido dejada en manos de partidos, o sindicatos políticos de maestros, que la usaron para mantener el credo vetusto de la izquierda amante de la Sierra Maestra. Nada extraño que ese país pobre, sin mayores oportunidades, se haya refugiado en ese discurso mamerto que se reitera de generación en generación y que tiene bloqueado al país. Porque ser de izquierda es estar dispuesto a destruir el orden existente. No reformarlo, no ser propositivo: demolerlo.

Ecuador ideológicamente pertenece a esa izquierda porque las élites, entre otros tantos errores, abandonaron la educación pública. Así en vez de tener una herramienta democrática para equilibrar la mesa, formar la población, prepararla para competir y progresar, admitieron que se vuelva un sector donde se dispensa pensamiento de un automatismo primario: si hay pobres es porque hay ricos. Si hay subdesarrollo es porque hay imperialismo. Y a ese simplismo se suma el síndrome del chivo expiatorio: alguien siempre tiene la culpa, salvo yo.

Haber abandonado la educación pública (porque allí no van los hijos de las élites) se paga y caro. Ahí están todos esos ciudadanos que las élites sospechan que “no votan bien”. Y por supuesto que los pobres -porque de eso se trata- son presa fácil del populismo y de los llamados revolucionarios que exacerban los sentimientos de resentimiento, ajuste de cuentas y aniquilación del sistema.

Por eso es importante lo que empieza a oírse entre los círculos empresariales que, si bien no aprecian a Guillermo Lasso, están decididos a participar en el reto más grande que se han dado: recuperar no solo la economía sino la sostenibilidad social del país. Hacer equipo con el nuevo poder para atacar el hambre, la pobreza, la desnutrición crónica infantil, el desempleo…

Cuatro años tienen las élites -políticas, empresariales, académicas, sindicales, indígenas, sociales, periodísticas…- para probar a los más pobres que lo pueden hacer mejor que los populistas. Es una carrera contrarreloj que implica paliar urgencias y trabajar en factores estructurales (empleo, salud, conectividad, apoyos temporales, nutrición infantil, seguridad…) que permitan incluir a esos millones de personas para las cuales democracia y futuro tienen poca significación.

El alivio que sintió el país tras la derrota del populismo autoritario no puede ser canjeado, otra vez, por desidia. Desde hace décadas los ciudadanos han enviado, en las urnas, mensajes de alerta que son verdaderos SOS para la democracia. Bucaram y Correa no son accidentes. Esta vez el país escapó por poco de otra aventura desgraciada. Todas las élites y la clase media tienen un vasto trabajo por delante, si quieren tener país.