Lo único que hoy pide Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, es que el crimen de su hija no quede en la impunidad. Que todos paguen por su culpa. Como Estado, ¿se podrá, al menos, darle eso? Si atendemos a la forma como está estructurado el ‘sistema’ encargado de investigar el hecho, la duda se hace gigante.

Según la ley, le corresponde al Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses dar todas estas respuestas. Lo organiza y dirige la Fiscalía General del Estado y se integra por policías, y civiles. Tiene varios órganos, entre ellos, el de administración, que lo ejerce el ministerio rector del orden público y seguridad ciudadana, es decir, el ministro del Interior. Y dentro de sus funciones están las de controlar al personal policial que conforma las “entidades operativas” que investigan los delitos. El “sí, mi general” juega al pepo. ¿Se ve por dónde vienen las cochinas dudas?

El caso Bernal destapa una falla crónica del sistema: no hay, desde lo estructural, una garantía de independencia en las investigaciones, pues serán los propios policías quienes las hagan, entreguen los informes y emitan sus conclusiones. Esta será la materia prima de todas las decisiones de la justicia.

Este monopolio revela que aquella “verdad procesal”, en la que tanto nos piden creer, no será otra que la que la propia entidad policial nos plante, real o forjada. Que la autopsia de María Belén la hizo un médico civil, es solo una pantomima para lavarse la cara. Lo que vemos como “hallazgos”, empezando por la opacidad de la forma en que encontró el cadáver, es producto del ‘trabajo’ de las entidades operativas y de lo que ‘el sistema’ nos presenta. Aquí es obligatorio ser incrédulos.

Es hora de establecer, como política pública, la necesidad de crear un cuerpo de investigación operativo y técnico absolutamente independiente de las fuerzas del orden. Y también de romper los ‘procesalismos’ absurdos que coartan la investigación por fuera de lo que dirige Fiscalía.

Nos asiste el derecho a buscar esa verdad procesal por medios lícitos, no solo a través de policías y fiscales. Lo contrario es tolerar convenientes “verdades oficiales” que no satisfacen a nadie.