Jorge Luis Jalil | Galones de deuda
Es comprensible el temor a que el alza golpee la canasta básica. Pero el remedio no es prolongar la enfermedad
Eliminar el subsidio al diésel no es una medida popular, pero se ha vuelto imprescindible. Por décadas Ecuador ha financiado un beneficio que distorsiona la economía, premia el contrabando y condena al Estado a un gasto insostenible. Solo en 2024 se estima que este subsidio costó entre $ 1.100 y $ 1.506 millones, una cifra equivalente a más del 1,5 % del PIB y cercana al presupuesto anual de Salud Pública. ¿Podemos seguir defendiendo un modelo donde por llenar un tanque pasa a segundo plano abastecer un hospital? El subsidio, además, no protege a los más pobres. El 60 % del diésel lo consumen grandes transportistas, flotas pesadas y hasta industrias, sectores con capacidad de trasladar costos y negociar precios. El contrabando hacia Colombia y Perú genera pérdidas adicionales estimadas en $ 300 millones anuales. En otras palabras, subsidiamos a mafias fronterizas mientras miles de ecuatorianos carecen de medicinas y de más escuelas. Comparar nos abre los ojos: Chile, que no subsidia combustibles, destina más del 5 % de su PIB a educación; Ecuador, en cambio, dilapida recursos en un sistema que perpetúa desigualdades. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que por cada dólar gastado en subsidios a combustibles solo 10 centavos llegan a los más pobres. ¿Qué sentido tiene mantener un esquema que desperdicia el 90 % del esfuerzo fiscal?
Es comprensible el temor a que el alza golpee la canasta básica. Pero el remedio no es prolongar la enfermedad. El Gobierno debe acompañar la transición con compensaciones focalizadas, subsidios directos al transporte público y créditos productivos que amortigüen el impacto. También es vital dar a los transportistas de carga pesada herramientas de modernización, acceso a tecnología y renovación de flotas más eficientes, para que la competitividad del país no se vea mermada.
Sostener un subsidio irracional es hipotecar el futuro. La verdadera obra social no está en subsidiar galones, sino en garantizar hospitales abastecidos, escuelas dignas y calles seguras. Eliminar el subsidio al diésel no es un castigo: es la oportunidad de corregir décadas de desperdicio y encaminar al país hacia la responsabilidad fiscal.
