“¿Por qué nos está sucediendo esto?”, me preguntaba, entre abatido y colérico, un joven amigo de Diego Gallardo, músico y persona querida, respetado y lleno de vida, muerto por una bala perdida el pasado martes 9 de enero mientras iba al colegio a recoger a su hijo, durante los enfrentamientos provocados por bandas terroristas y delincuenciales en Guayaquil, ese día que quedará grabado en la memoria como una pesadilla que realmente sucedió para miles y miles de los habitantes del puerto. La pregunta no solo se la hicieron ese día los amigos de Diego. Desde hace unos tres años por lo menos se la están haciendo muchos guayaquileños y ecuatorianos, y por supuesto que se la formularon otros, en estos días aciagos, por la muerte de familiares o de amigos caídos por el sicariato, la extorsión o los enfrentamientos.

Lo sucedido el pasado martes 9 de enero tuvo el efecto de una revelación brutal del estado al que han llegado la ciudad y el país. No fue algo nuevo: los síntomas estaban dándose desde hace tiempo, algunos más evidentes que otros. Las masacres en los penales, los asesinatos de diferentes personas, desde el candidato presidencial Fernando Villavicencio hasta el del desconocido taxista, padre de familia, muerto delante de sus hijos, en una calle que nadie recuerda. Pero también las transformaciones en la vida cotidiana: las limitaciones en la vida nocturna, las miles de precauciones para contestar teléfonos y no dar información en redes sociales, los blindajes de los carros, la atmósfera de sospecha, además del cierre de negocios pequeños y las pérdidas de empleo.

Pero si el martes 9 de enero tuvo esas repercusiones, es el momento también para que la sociedad civil recobre conciencia de sí misma y actúe. ¿Por qué se ha llegado hasta donde se ha llegado y puede incluso ser peor? Lo que vivimos es consecuencia de un proceso de degeneración social que viene de décadas. No por azar Guayaquil es el lugar de embarque más rentable para exportar la droga que viene del sur de Colombia. La corrupción y la impunidad de la que goza es uno de los factores clave para explicar lo sucedido. La sociedad civil debe preguntarse en serio en qué ha fallado y qué debe hacer para que no haya más martes 9 de enero. El Estado tiene su responsabilidad pero los ciudadanos no pueden esperar indolentemente sus resultados.