Columnas

Terremoto

'Ni siquiera los municipios pudieron oponerse cuando el Gobierno los acusó de irresponsables’.

Con la excusa del terremoto no se tomó ni dos meses la Asamblea Nacional de 2016, predominantemente correísta, para aprobar una Ley de “Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo”.

Cierto es que algunas de las trágicas historias de entonces encontraban raíz en la falta de técnica constructiva o en irregulares asentamientos en áreas de riesgo. Pero no son 120 artículos y un lenguaje arcano lo que disuade al maestro de obra que hace su mezcla con arena de mar o al hogar que a falta de opciones invade. 

Nadie quiso recordar entonces que dos años antes habían sido renovadas las Normas Ecuatorianas de la Construcción, con particular énfasis en sismorresistencia. 

Ni siquiera los municipios pudieron oponerse cuando el Gobierno los acusó de irresponsables, justificando la creación de una superintendencia para controlarlos. 

Tampoco pudieron decir nada los alcaldes cuando se cambió toda la nomenclatura del municipalismo o cuando se les impusieron criterios de planificación centralizadamente controlados.

Además de crear la superintendencia, la ley instituyó impuestos -bajo el eufemismo de “concesión onerosa de derechos”- y exigió que los municipios diseñen planes de ordenamiento territorial y uso de suelo, con vigencias de 5 y 12 años respectivamente, de cuya aceptación en Quito dependerían sus preasignaciones. 

En mayo les toca presentar al Gobierno sus planes a 221 municipios; pero 3 años han pasado con ley vigente y solo el Municipio de Quito y otros pocos, con sofisticadas burocracias y visiones de planificación, resuellan. 

Por ello la Asamblea Nacional sugiere ahora desarticular ese entramado de control centralizado de las ciudades, signo supongo, del tiempo político. 

En informe para primer debate, la comisión responsable propuso esta semana eliminar la superintendencia, derogar la ley, salvando solo elementos de planificación que ameritan -concedámoslo- un debate más sesudo que el de 2016. 

En lugar de lamentarse, como ya lo están haciendo algunos, por una ley que no se aplica, deberíamos aprovechar esto para hablar más de las ciudades que queremos.