El proyecto de ley propuesto por Gabriela Larreátegui (SUMA) para regular el ‘lobbying’ es un proyecto moderno, sencillo, oportuno y a la vez, lamentablemente, inocuo.

Es sin duda moderno porque prioriza la transparencia y la disponibilidad de información por sobre la prohibición. Así la sociedad conoce sobre las naturales e inevitables interacciones entre intereses privados y el “interés público”, si es que aquel siquiera existe.

Dar preferencia a la transparencia produce además “en passant” una prueba, a ser activada cuando costos y beneficios sociales así lo requieran, trascendiendo la miopía de la prohibición moralista propuesta por las sobrerregulaciones de antaño. Si no es para sintonizar mejor las decisiones y evitar sobrecostos regulatorios, ¿para qué otra cosa sirve la supuesta sociedad de la información?

El proyecto de Larreátegui es sencillo porque no pretende ser guía para las relaciones entre intereses público y privado; no pretende pedagogizar sobre la influencia política. No pretende decir que es cohecho un guiño de ojo, o elucubrar sobre el dolo de un café porque se toma sentado y no parado, como lo pretendió la legislación gringa de la materia hace un década.

El proyecto es sin duda oportuno porque todo debate sobre la influencia social y política es necesario hoy en la era de las redes, de los bulos y de las infodemias.

Por último, es inocuo, porque el conocimiento actual sobre la influencia política nos enseña que esta va mucho más allá de las reuniones entre lobistas registrados y funcionarios. La influencia va mucho, pero mucho más allá de visitas y reuniones en palaciegos escenarios, o almuerzos entre élites públicas y privadas. La influencia se entiende hoy como orientación. La misma orientación que nos hace girar la mirada ante algo atractivo, la misma que nos impide dejar de abrir y reenviar boberías en WhatsApp o abstraernos de una crisis global.

La orientación es mucho más que visitas, reuniones y textos legales, sobre todo en la era de la información.