La mayoría de ecuatorianos hemos sido afectados, de diversas maneras e intensidades, por las consecuencias generales por la pandemia. Estas han agudizado las desigualdades e inequidades existentes a niveles socioeconómicos y territoriales, provocando mayor elevación de los indicadores de pobreza, miseria y discriminación, y han potenciado las manifestaciones somatizantes y traumatizantes del recurrente confinamiento y sus restricciones en los habitantes, conformándose un círculo perverso. En este escenario ha crecido el desempleo abierto, el subempleo o informalidad, el cerramiento por quiebras o “mañoserías” de las empresas, tanto en áreas urbanas como rurales. Durante la etapa de confinamiento se conformó un creciente ejército de desocupados necesitados, 48 % informales y 24 % desempleados, fuera del mercado pero inexorablemente vinculados a este. Como un efecto pospandemia se registra un incremento relativo de delitos contra la propiedad, que han hecho que la delincuencia callejera se torne más avezada, violenta y letal. Se registra una cierta producción de armas de fuego artesanales y el empleo de motocicletas, a lo que se agrega una prensa amarillista que cae en una suerte de apología del delito, todo lo cual produce la gran sensación de inseguridad y miedo colectivos que provocan el “enjaulamiento” domiciliario y el desaprovechar el espacio público. Mientras, los delitos contra la vida, a través del sicariato y el homicidio, que son producidos por el tráfico de drogas, ajustes de cuentas y luchas por la territorialidad del microcomercio, están en ascenso como consecuencia del ‘boom’ productivo colombiano. Para 2019 se registraron 154 mil ha de sembríos de coca según Onuadi. La defenestrada ministra de Gobierno señalaba que al 30 de septiembre de este año se habían capturados alijos de drogas igual al total de 2019. Además, se debe agregar el femicidio y otros delitos de género. Una estrategia posppandemia exige políticas públicas -nacionales, concertadas y financiadas- para una reactivación sin exclusiones; revisión total del COIP, evaluación integral de la administración de Justicia y mejoramiento general de cárceles.