El feriado más largo del año dejó un total de 49 muertes violentas, sangrientos accidentes viales y robos de bienes en domicilio y calles de la República, en estado de excepción. Se completa -para variar- con tres nuevos asesinatos de reclusos de la Penitenciaría del Litoral -con un descuartizado-, intervenida desde hace más de un mes por la fuerza pública con tanquetas y carros antimotines, también en estado de excepción. 

Este sucinto balance es una muestra representativa de lo que acontece en algunos lugares del país como consecuencia de un conjunto de factores estructurales y coyunturales, como son: la crisis económica que se inició en 2015 con la caída en picada del precio del petróleo y del PIB, la agudización de esta por las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, desde marzo de 2020; la política neoliberal del Estado generadora de más desigualdades y miseria por exigencias del FMI; el escaso interés de los gobiernos para impulsar un plan de reactivación para dinamizar la producción, el empleo digno y el bienestar para todos, y no para pagar a bonistas de deuda externa; la incapacidad del Estado ecuatoriano para acordar con su par colombiano mecanismos operativos para reducir los envíos de droga a nuestro territorio; la limitada profesionalización y capacidad técnica de la Policía Nacional; el escaso interés del Estado en la problemática carcelaria; entre otros. 

En este escenario, la ciudadanía solo tiene certezas de miedos e incertidumbres, porque continúa la inseguridad y se pregunta: ¿para qué sirve el estado de excepción?, ¿se justifica la militarización del país?, ¿es posible la existencia de una administración de justicia cuyo nivel de aprobación es de 5,5/10, o una Fiscalía General con 4,9/10 para 2020, según el INEC?; la confianza de la población en la Policía a nivel nacional es de 6/10 y a nivel urbano del 5,9/10, donde prima más el espíritu de cuerpo que la institucionalidad, como en el asunto de la pareja de alias Fito, con altos oficiales policiales implicados. La gente cree que las máximas autoridades mienten y emplean un doble discurso. Impidamos colectivamente la desilusión democrática, que es un ave de mal agüero.