Fiestas sangrientas y con pánico

En la conmemoración de los 488 años del último traslado de Guayaquil al Cerrito Verde, según EXPRESO, “se registraron más de quince atentados en menos de 24 horas” a nivel nacional: el 23 de julio se asesinó al estilo sicariato al alcalde de Manta, Agustín Intriago, en un barrio popular del mencionado puerto; horas de terror se vivieron en varias zonas de Esmeraldas. Todo ello obligó al presidente, “en previsión”, a decretar estado de emergencia y toque de queda en las provincias de Los Ríos y Manabí, y en el cantón Durán. Si bien las festividades continuaron, a la población asistente se la notó inquieta y asustadiza. Ya es hora de que el Estado recupere el control efectivo y real de la Penitenciaría de Guayaquil, con sus 12 pabellones; no se puede confiar en las balumosas palabras de líderes de bandas delincuenciales hostiles (Lobos vs. Tiguerones); con los 31 muertos de estos cuatro días de enfrentamientos la sumatoria total ya llega a 500 asesinados. Es necesario romper ese círculo perverso, maldito y criminal de líderes presos y de manejo e intervención en la violencia urbana a través de sicarios y en todas las actividades ilegales. La recuperación por parte de la tutela estatal del sistema de cárceles va a permitir que se afecte de manera decidida al poder institucional estatal y al control de la psicología de masa poblacional que el crimen organizado y sus operadores aspiran a monopolizar y a intervenir a cualquier precio. Se incautaron 13 fusiles, 1 lanzagranadas, 20 armas cortas, 6.000 municiones, 6 radios de comunicación y 127 celulares. ¿Hasta cuándo la ciudadanía seguirá pasivamente espectando esta corrupción e impunidad? La Fuerza Pública, los ministerios de Gobierno, Interior y Defensa, ¿qué dicen al respecto? Este festivo mes, lamentablemente estuvo preñado de desagradables sorpresas: “la Defensoría del Pueblo advierte que la decisión de ingreso de su personal no depende de las autoridades del SNAI, sino de PPL asociadas a grupos de delincuencia organizada”. EXPRESO anuncia que el Ministerio del Interior solo ha gastado, de enero a junio de 2023, $ 8,6 millones de $ 96,9 millones de su presupuesto, pese a la inseguridad creciente”. ¿Inoperancia o incapacidad?