Alas universidades-U, en la visión de los gobernantes y sus constituciones, desde mediados del siglo XIX y hasta hoy, se ha buscado controlarlas institucionalmente y someterlas al orden establecido; sino había que clausurarlas o intervenirlas. Para nuestras élites dominantes la U., en particular la pública, siempre será “subversiva, anárquica, tirapiedras, violentista, delincuencia organizada”, relatos de todos los interventores. En la Constitución de 1998 en lo relacionado a Educación, tanto en su parte dogmática como institucional, nada dice sobre intervención universitaria en su texto, ni para la nueva ley de Educación Superior-ES que asumirá los cambios introducidos, principalmente en las Disposiciones Transitorias de la novena a la décima sexta, referidas a la ES; por ej., la creación de un Consejo de Educación Superior, con el predominio de los rectores, que actuaron más como “gerentes-propietarios de sus establecimientos” y no como gestionadores de un sistema educativo nacional inserto en un mundo globalizado, donde ciencia y tecnología son un bien geoestratégico basado en la calidad e innovación. Mientras que la Constitución de 2008, con todas las novedades que trajo a nivel educativo superior, pero sin romper en el fondo y la forma con el control y sometimiento a la U. históricos, para inducirla a los objetivos modernizantes del nacional-populismo, conformó una mezcla contradictoria de caudillismo, estatalidad y “buen vivir”, que se expresó en la conformación de una Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología- Senescyt, desde el Ejecutivo, para controlar lo creado en Montecristi gracias al predominio del Estado (“autonomía responsable”, CES y Ceasces) y con la promulgación de una nueva ley de ES, 2010, donde se creó y legalizó la intervención universitaria, entre otros mecanismos de control social y represión. Con una intervención (art. 197 y ss.), totalmente reglamentada, se actuó en cinco U. pero los procesos fracasaron; el gobierno de Moreno produjo una modificación en agosto 2018 que se está aplicando en Guayaquil y en dos U. emblemáticas, por decisión del CES, que también falla estruendosamente.