Gaitán Villavicencio: Violencia criminal y gobierno ineficiente
El año pasado registramos una tasa de homicidios de 8,8 por cada 100 mil habitantes
Desde 2019, en Ecuador se agudizaron las crisis que nos afectaban, hasta que la pandemia y sus confinamientos colectivos conformaron una situación de policrisis, que no ha sido resuelta adecuadamente hasta ahora por los tres gobiernos que se sucedieron en la gestión del Estado. Desde esa fecha vivimos, entre otros problemas, en medio de una creciente crisis de seguridad sin precedentes, que es la primera preocupación de la población, como resaltan los sondeos de opinión. En 2019 esta violencia criminal provocó 1.187 muertes violentas, que luego se incrementaron de forma alarmante: en 2021 con 2.464 asesinatos, en 2022 con 4.015 casos, 2023 con 8.004 y en 2024 con 6.964 homicidios. En enero de 2025 se registraron 750 casos, que significan un aumento del 36,8 % con respecto a enero de 2024. El año pasado registramos una tasa de homicidios de 8,8 por cada 100 mil habitantes, que nos volvió a recalificar como un país violento en la región.
Según el relato oficial, desde enero de 2024 con la declaratoria de Conflicto Armado Interno-CAI y la calificación a 22 bandas delincuenciales como terroristas, se ha aplicado una política de mano dura contra el narcotráfico y el crimen organizado con el Plan Fénix y el Bloque de Seguridad, que se traduce en la detención de más de 60 mil sospechosos, incautación de 280 toneladas de drogas, con incremento del 29 % en relación a 2023; intervención en el sistema penitenciario; control de la minería ilegal. En fin, los homicidios bajaron 15% en 2024 con respecto a 2023. Este discurso basado en la militarización de la lucha contra el crimen organizado y en un populismo penal permite identificar la ausencia de una política pública, una agenda social integral y estrategias territoriales para enfrentar a las economías ilegales y sus operadores. Además, ayuda comprender el retorno de las violencias en urbes como Durán, Manta, Nueva Prosperina-Guayaquil o Machala; la incapacidad para intervenir en las economías carcelarias; la descomposición de la fuerza pública; las ineficiencias del SNAI; la debilidad de los controles fronterizos y la vigencia de la corrupción e impunidad en la administración de Justicia, entre otros.