Bajar el tamaño del Estado y reducir la burocracia son sinónimos en estos días. Estoy seguro de que muchos en el gobierno añoran los días de antaño en que la situación se resolvía ordenando al Banco Central que haga un asiento contable (más conocido como “echar a andar la maquinita de hacer billetes”) y ¡zas!, el gobierno contaba con los recursos para pagar sus pasivos con “billuzos”. En las circunstancias actuales, si alguien percibía un sueldo de mil dólares le entregaban mil “leninitos” electrónicos a la paridad de 1:1 los cuales serían aceptados en el mercado a razón de setenta y cinco centavos, representando una rebaja instantánea de 25 % en su sueldo. 

Es la camisa de fuerza que impone la dolarización, y por ello la rebaja propuesta por el gobierno resulta, en las circunstancias a las que nos ha traído la mala práctica fiscal, una rebaja de 16 %, por lo menos por el momento. 

Y es ese “por lo menos por el momento” donde radica el problema. Los contribuyentes, que son quienes pagan los sueldos de los empleados públicos han trazado la línea roja y el tema no va más. El presidente oyó el mensaje y decidió eliminar el despropósito reculándose de la insistencia de disfrazar una ley “impuestera” bajo el apelativo de “humanitaria”. Las economías y ahorros planteados (que implican eliminar todo rastro de inversión pública, eliminar eventualmente el ruinoso subsidio a los combustibles, y dejar de pagar los intereses de la deuda pública) alcanzan los $4.000 millones, pero subsiste aún una brecha de $10.000 millones por cubrir. Son pérdidas masivas tan solo superadas por el latrocinio que se dio en el gobierno anterior. 

Según los datos de la proforma presupuestaria que aún rige, y no incluye a los empleados del SPNF, hay 499.004 personas que integran un rol de pagos que le cuesta $9.976 millones a los contribuyentes. De estos, un 38 % son, por falta de un mejor término, “informales” enrolados con contratos ocasionales y nombramientos provisionales. 

En los sectores de servicio público, que incluyen las Fuerzas Armadas, Policía, Salud y Educación en todos sus niveles hay 384.268 personas (esto es 77 % del total) y, entre ellos, 218.735 tienen nombramientos permanentes; el resto son, repito, informales.

En remuneraciones, los servidores de los sectores mencionados perciben $7.709 millones y sus sueldos y beneficios mensuales promedio tienen un rango de $1.730 a $2.194. Hay, por lo tanto, importantes economías por hacer en sectores que, siendo estratégicos para la sociedad, incluyen 165.533 informales. 

Aparte, hay gastos por $2.267 millones en el resto de la burocracia con abundancia de empleados informales y en donde, por razones de prelación, es posible hacer economías más profundas.

El gobierno enfrenta una situación no solo estresante sino insostenible. El sector productivo ya sacrificó un exceso de 250.000 empleos y no puede mantenerse el doble estándar de que el empleo público, productivo o no, debe ser preservado porque la falencia del mismo constituye un problema social, mientras que la pérdida del empleo productivo es un simple registro estadístico. 

La tarea de ajuste, por lo expuesto, sigue inconclusa.