Francisco Rosales: Las amenazas de Vargas

No es el título de una telenovela. Es la grosera amenaza del presidente de la Conaie que, con desparpajo, advierte: “Si Gobierno no hace caso, creo vamos a estar convencidos de tomarnos Quito luz de América. Ya no podemos seguir aguantando, soportando” Nizag, Alausí.

El “no hacerles caso” significa no derogar el decreto ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diesel.

Es decir, en Ecuador no debe mandar el gobierno legalmente constituido, sino la Confederación Indígena.

Más allá del exabrupto, Quito no puede permanecer inmóvil ante tal amenaza.

Noboa ha advertido que si los dirigentes del paro actúan como delincuentes, serán legalmente tratados como tales, lo cual implica que serán sancionados de conformidad con la ley aplicable.

Más grave aún si pretenden repetir el asalto a Quito con destrucción de bienes públicos y privados, incendio a edificios estatales, daños a servicios públicos como el agua potable, corte de vías para impedir la llegada de alimentos y todos los desafueros que se cometieron en octubre de 2021.

El alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha tienen la obligación de encabezar la defensa de la provincia y de la ciudad.

Más allá de la sumisión que han demostrado al dueño de la agrupación política a la que pertenecen, su deber primordial es impedir un nuevo atropello a la capital y a sus ciudadanos.

Por su parte, la Corte Constitucional en su dictamen del viernes 3 de este mes, ponente Benavides, aparece una vez más refundida en su nube rosada que le impide ver la realidad de las protestas violentas de las últimas dos semanas, especialmente en Carchi e Imbabura, pero también en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y otras latitudes.

Su tesis es que el Gobierno no debe prever los conflictos para declarar los estados de excepción en varias provincias de la Sierra, sino que debe esperar a que se produzcan los desafueros para que se justifiquen los decretos ejecutivos respectivos.

Menos mal que no desempeñan funciones de gobierno.