La pandemia de COVID-19 que llena de muertos y contagios al mundo, ha exigido intensos tratamientos médicos que nos han perjudicado, atemorizado y arruinado (incluida la “prisión domiciliaria” a que nos sometió) y traído consigo (tras cuernos palos) una serie de sensacionales situaciones y problemas que nunca se habían dado con tanta frecuencia como en estas épocas virales. La mayoría de ellos muy negativos para la mayoría de la población honrada, aunque también como “no hay mal que por bien no venga”, los de la delincuencia organizada se aprovecharon para ganar millones con el cobro de sobreprecios en la venta de insumos médicos para hacer frente a la “peste amarilla” en los hospitales. Después de ser descubiertos están siendo buscados, investigados y procesados por la justicia para que devuelvan lo mal habido y para que todos paguen con el precio de su libertad los delitos cometidos contra el Estado.

Uno de los más sonados casos que se inició antes de la temporada pandémica fue el proceso judicial Arroz Verde-Sobornos, en que se mandó al banquillo de los acusados a todos aquellos funcionarios públicos, y hasta legisladores y empresarios que durante la época correísta, considerada como “dorada” por todo lo que recibimos por el valor del crudo, por haberse dejado sobornar por poderosas empresas extranjeras que trataban de lograr contratos para llevar a cabo la construcción de costosísimas obras públicas.

El proceso ha llegado a su fin cuando el Tribunal de Casación dictó las sentencias (ocho años de cárcel y devolución de lo “empuñado”), mas la gran mayoría de sentenciados brillan por su ausencia y solo quedarán bajo sombra el exsecretario de Correa, Alexis Mera, y el empresario Verduga, internado en una clínica, por lo que a los ausentes será muy difícil extraditarlos para que paguen el monto del dinero que han fijado los jueces, dándole la razón al viejo dicho popular que afirma que “lagarto que traga no vomita”. Y para rematar, Lenín anunció el viernes pasado que vetaba totalmente el texto de la Ley Orgánica de Salud que a la Asamblea le costó nada menos que ocho años de trabajo y discusiones para su expedición definitiva el 25 de agosto pasado. Largo lapso al que habría que sumar un año, si no es más, para emitir otro código que sustituya al vetado.