Columnas

Violencia carcelaria

...trabajando para resolver el hacinamiento en que se encuentran las prisiones del país, con una población carcelaria que duplica la capacidad’.

Durante el gobierno pasado le correspondió al entonces presidente de la República, Lenín Moreno, imponer el estado de excepción en el sistema carcelario ante los graves casos de amotinamiento, violencia y masacre sincronizados en las cárceles de Guayaquil y Latacunga. Para ello movilizó a un buen número de uniformados de las FF. AA. y la Policía Nacional, que tuvieron como finalidad establecer el más severo control a los privados de libertad que durante el enfrentamiento de bandas delincuenciales dejó el saldo de nada menos que 79 muertos y un buen número de heridos.

Esta situación tan crítica volvió a repetirse hace una semana en los mismos centros de privación de libertad, con un saldo de 19 muertos en Latacunga y cuatro en Guayaquil, con la extraña circunstancia de que tales hechos violentos se registraron el mismo día, casi a las mismas horas, y portando los sublevados un buen número de armas, sin embargo de las varias requisas que se hicieron, en las que se descubrió y decomisó un buen número de cuchillos, pistolas, revólveres, ametralladoras y hasta granadas. Por supuesto, también se aprovechó esta situación de violencia para que varios presos intentaran fugar de las prisiones.

Se trata, pues, de un estado de muy peligrosa crisis penitenciaria que al Gobierno actual le toca enfrentar y resolver, comenzando por volver al estado de excepción y, sobre todo, trabajando para resolver el hacinamiento en que se encuentran las prisiones del país, con una población carcelaria que duplica la capacidad de personas, ante el hecho que ya durante algunos años no se han hecho nuevas construcciones de pabellones.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, a quien le toca enfrentar y tratar de resolver esta crítica situación que merece inmediata solución, ha indicado que “la emergencia durará hasta que se garantice la seguridad, dándose el tiempo suficiente para que exista un plan renovador y haya un diagnóstico aprobado para que se implementen las decisiones indispensables a nivel de política pública y enfrentar la complejidad que está dentro del sistema carcelario”.