Ahora sí se hará bien
El presupuesto del 2023 del Consejo de la Judicatura se aprobó en 348 millones de dólares
Once años atrás, en marzo de 2012, el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia llegaba a 383 millones de dólares, de los cuales el 67 % debía destinarse a gasto corriente y el restante 33 % a gastos de inversión y de capital (infraestructura). En esos primeros 90 días del año se pudo ejecutar el 19 % del presupuesto de gasto corriente y 8 % del de inversión. En la actualidad el presupuesto del Consejo de la Judicatura asciende a $ 348 millones, 98 % orientado a gasto corriente y 2 % para gasto de capital. Hasta marzo de 2023 la ejecución del gasto corriente fue de 23 % y apenas 2 % para capital, es decir, mejor ejecución del gasto corriente ahora y para nada buena la ejecución de la inversión.
La nómina ha representado casi la totalidad del gasto corriente, ubicándose en el 94 % tanto en 2012 como 2023, que al expresarlo en dólares pasa de 214 millones a 319 millones en estos 11 años.
Al finalizar el 2012, la Corte Suprema de Justicia logró ejecutar $ 472 millones al lograr montarse en la ola de inversión récord de obra pública en el país, apalancados en el buen momento del precio del crudo y el amplio espacio para acceder a la deuda pública que terminó en 2014.
Para 2017 el Consejo de la Judicatura contó con un presupuesto de $ 438 millones y ya no pudo ejecutarlo adecuadamente. A partir de ese año vio declinar su presupuesto, en especial lo dedicado a gasto de inversión, siendo un ente limitado al pago de nómina.
En la última proforma presentada por el Gobierno del presidente Moreno, al Consejo de la Judicatura se le aprobaron 361 millones, distribuidos 94 % para gasto corriente y 6 % para gasto de inversión. Durante el primer trimestre de 2021, apenas se ejecutó 0,6 % en gasto de capital y 22,7 % de gasto corriente y al finalizar el año su ejecución fue 21 millones, menos de lo aprobado por la Asamblea Nacional.
El presupuesto del 2023 se aprobó en 348 millones, que fue exactamente el mismo monto que logró ejecutar en 2022 y algo superior a los 340 millones del año 2021.
De las cifras tomadas como referencia, luego de ser revisadas y compartidas, me pasan un claro mensaje: ante escasos espacios presupuestarios y fuentes de financiamiento, las entidades que no logran ejecutar sus presupuestos no pueden esperar que para un año posterior se les mantenga lo previamente presupuestado. Es decir que el esquema de crecimiento inercial no ha aplicado en los últimos años y, más bien, el presupuesto del próximo año dependerá de qué tan bien se pueda ejecutar el año actual.
El Consejo de la Judicatura se encuentra batallando por lograr un incremento presupuestario que no fue aprobado por la Asamblea Nacional y que necesita fuente de financiamiento. Pareciera escuchar que están pidiendo recursos adicionales y que esta vez sí los van a poder gastar; que si se los dan, ahora sí se hará la tarea completa que permita gastar lo presupuestado. Ahora sí lo harán bien y seguramente también los cientos de potenciales casos que pretendan seguir esta alternativa si se aprueba esta descabellada ruta.
El Consejo de la Judicatura debería esforzarse en ir preparando el presupuesto del próximo año, explicarlo, justificarlo, equilibrar de mejor forma el gasto de inversión con el corriente, sabiendo que hay necesidades que seguramente están rezagadas y, hasta eso, meterle ganas para ejecutar al 100 % su actual presupuesto.