Fausto Ortiz | Encaje: el termómetro oculto de la liquidez
El país necesita deuda pública de largo plazo
Cuando se decidió dejar atrás nuestra moneda propia y adoptar el dólar para todas las transacciones locales, se asumió que ya no haríamos uso de los tres instrumentos clásicos de política monetaria: las operaciones de mercado abierto para comprar y vender títulos del Banco Central del Ecuador (BCE), el encaje bancario y la ventanilla de redescuento (línea de crédito de emergencia del BCE). A través de ellos se regulaba la cantidad de dinero en circulación. De los tres, sobrevivió el encaje, que es una fracción de los depósitos que debe mantenerse en el BCE para atender requerimientos extraordinarios de liquidez.
Al mes de noviembre, la banca mantenía $ 59.336 millones en depósitos, tres cuartas partes exigibles en plazos menores a 91 días, principalmente a plazo ($ 24.907M), ahorro ($ 17.260M) y monetarios ($ 14.572M). Nada nuevo en la historia de la banca, que siempre debe administrar con cuidado los plazos de financiamiento.
La normativa actual sobre encaje bancario señala que los bancos con activos superiores a $1.000M tendrán un requerimiento de encaje de 5 % y el resto de 4 %. No ha existido cambio en el requerimiento de encaje para la banca; por lo tanto, no hay traslado de recursos desde el sistema bancario hacia el BCE que afecte la liquidez.
El sector cooperativo desde 2022 ha venido siendo incorporado a la normativa y a la homologación del requerimiento de encaje. En 2024 debía llegar hasta 4,5 % en el segmento más grande, conocido como segmento 1. La nueva resolución incrementa en 0,5 % el encaje de todas las cooperativas y fija el techo en 4 % para el segmento 1.
La relación entre el encaje depositado en el BCE al 30 de noviembre de 2025 ($ 3.555M) y el total de depósitos de la banca recibidos del público es de 5,99 %. Esto señala que la banca prefiere mantener ligeramente holgado su indicador de reservas.
Al no haber cambios en el porcentaje a ‘encajar’ en el BCE, no existe afectación por esta vía en la liquidez.
Las cooperativas tienen $ 24,8 mil millones en captaciones, $ 21 mil millones en las más grandes conocidas como segmento 1. Las mutualistas también deben mantener encaje y registran depósitos por $ 1,2 mil millones. El incremento de encaje en cooperativas y mutualistas trasladará al BCE unos $ 130 millones, afectando gradualmente la liquidez entre enero y junio de 2026. Aunque marginal frente al total de depósitos, este movimiento es simbólico en la señal de política.
Adicional a la equiparación tardía del encaje para cooperativas y mutualistas se incorpora un elemento más: la posibilidad de constituir encaje con títulos del Ministerio de Finanzas de plazos menores a un año, pasando del actual 20 % al 45 % como su peso máximo. En teoría, esto podría implicar un incremento de $ 890M en la posición de bonos de corto plazo.
El verdadero foco debería ser ampliar los plazos de la deuda pública. Este cambio, al contrario, incentiva la demanda por instrumentos de corto plazo. El país necesita deuda pública de largo plazo. Seguir estimulando la colocación de papeles con plazos cortos es descartar como objetivo aliviar la presión futura sobre el presupuesto. Debemos avanzar en crear mercados secundarios que incentiven colocaciones de largo plazo con elevada rotación.